Un diseño fiscal que facilite la actividad
Un vistazo rápido a las estadísticas de las bases imponibles registradas por la Administración tributaria revela comportamientos supuestamente anómalos tanto en la estructura de la renta de los españoles como de la normativa fiscal y su aplicación. Mileuristas que ganan más dinero que los autónomos y propietarios de pymes; pensionistas que se acercan a las rentas medias de la gran masa de los asalariados; empresarios con rendimientos similares, cuando no inferiores, a los de sus trabajadores. Todos ellos detalles que evidencian la dificultad del aparataje fiscal para conocer, aflorar, fiscalizar y recaudar todas las rentas, pero sobre todo aquellas que escapan al control directo al que, a través de las empresas, somete Hacienda a los trabajadores por cuenta ajena. Los mecanismos de cómputo aproximado de bases imponibles en las actividades sometidas al régimen de módulos o la posibilidad de tributación por sociedades a personas que deberían hacerlo necesariamente por IRPF, generan dos insuficiencias apreciables a la Hacienda, que, junto con la ocultación voluntaria de crecientes actividades económicas, provocan un quebranto muy significativo a los contribuyentes que cumplen fielmente con sus obligaciones tributarias.
No es, en todo caso, nada fácil cuantificar ni qué actividad se escapa al control estatal (entendiendo por Estado todas las Administraciones públicas, sean del ámbito territorial que sean) ni qué volumen puede tener el fraude en aquellas regularizadas. Los últimos cálculos aparecidos cifraban en tasas que rondan el 20% la economía sumergida, y aunque toda la ocultación a la Hacienda pública (impuestos y cotizaciones) fuese la de tal actividad, estaríamos hablando de no menos de 60.000 millones de euros de impuestos impagados, nada menos que el 6% del PIB: algo que, en caso de aflorar de golpe, supondría que este año, por ejemplo, las cuentas públicas españolas estarían en equilibrio.
La crisis económica ha desplomado las aportaciones fiscales en España, sobre todo porque la actividad más damnificada por la recesión ha sido la inmobiliaria, precisamente la que por el valor de los activos generados y vendidos genera mayor volumen de ingresos públicos. Pero la contracción de la economía provoca siempre un crecimiento de la economía negra, por el razonamiento simple de que una parte de los agentes económicos con márgenes muy escasos (y ahora lo son en casi todos los sectores por la timidez de la demanda) buscan arañar una parte de lo perdido con parte del margen fiscal. Esta reprochable práctica tiende a amplificarse si, en paralelo, se produce una subida de las tarifas impositivas, tal como ha ocurrido en España en los últimos 12 meses con el IVA, la tributación del capital o los impuestos especiales.
No obstante, aparte del grado de compromiso fiscal de los contribuyentes, que depende de su propia voluntad, el aparato estatal que gestiona los impuestos debería intensificar el control de determinados colectivos que siempre aparecen como aquellos que aportan menos de lo que generan. Algunos de ellos son los que mayores iniciativas plantean a la generación de empleo, corriendo riesgos ciertos con su propio patrimonio, y debe ser tenido en cuenta tanto a la hora de diseñar los impuestos como a la de recaudarlos. Pero no vale mirar para otro lado con las bolsas explícitas de fraude en colectivos cuya actividad tiene un desenvolvimiento aceptable a pesar de los tiempos críticos por los que atraviesa la economía.
La desgraciada coincidencia de una crisis paralizante en la actividad que amenaza con perdurar y las necesidades de extremar el control de los gastos y los ingresos públicos obliga a una gestión tributaria muy delicada. Pero más allá de hacer lo imposible por que todos los contribuyentes pongan su parte, el diseño de los impuestos debe estar más que nunca ahora orientado a la generación de actividad económica, porque con ella vendrá la recuperación del empleo y de los recursos tributarios. Si fuese necesario recuperar ingresos, antes, hágase con IVA o IRPF o cualquier tasa de carácter personal, así como aquellas ocasionales que contribuyan a atajar los gastos (copago por uso en infraestructuras o sanidad) y aligérese la carga de las empresas, porque ese coste para la Hacienda se recupera con creces por el efecto multiplicador que tiene si contribuye a generar actividad y empleo adicional.