El Gobierno estrecha el control sobre las entidades de gestión
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, propuso ayer en el Congreso cambiar los estatutos de las entidades de gestión para que no puedan tener sociedades mercantiles, como ocurre con la SGAE y su filial digital, a través de una modificación "parcial" de la Ley de Propiedad Intelectual. También pidió auditorías públicas obligatorias y crear un régimen sancionador.
El Congreso de los Diputados fue ayer testigo de la primera comparecencia parlamentaria de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, para hablar de lo ocurrido en la Sociedad General de Autores y Auditores (SGAE). La principal conclusión de su intervención es que el Gobierno piensa estrechar el control sobre las entidades de gestión a través de varias medidas.
Sinde habló, ante la Comisión de Cultura del Congreso, de realizar una reforma "parcial" de la Ley de Propiedad Intelectual, consistente en introducir cambios en los estatutos de las entidades para que no puedan crear de forma "indiscriminada" sociedades mercantiles -como ocurre ahora en la SGAE, en referencia a la filial digital SDAE, centro del presunto desvío de dinero que investiga la Audiencia Nacional-. La ministra matizó que se aprobarían estas sociedades mercantiles solo con un carácter "especial" y para "situaciones concretas".
Otras medidas avanzadas por la ministra se basan en la realización de auditorías públicas obligatorias sobre el funcionamiento de las entidades y en la configuración de un régimen sancionador, con el objetivo de castigar a las entidades que no cumplan con sus obligaciones. "Actualmente, el ministerio solo puede revocar o aprobar los estatutos. Es necesario un escalón intermedio para poder actuar". El objetivo de estos puntos es que las entidades tengan un comportamiento más reglado y sean más "transparentes", según Sinde.
En su intervención, la ministra eludió toda responsabilidad sobre el control de la SGAE y habló del papel que tienen que jugar las comunidades autónomas, según la sentencia del Tribunal Constitucional de 1997. "No hay nada que no haya hecho el ministerio sobre este control. Carece de competencias para vigilar a las entidades de gestión según las leyes".
Aun así, Sinde dijo que "no hay nada más lejos de la verdad que el decir que nos hemos lavado las manos". El hecho de incluir a las autonomías como responsables de la vigilancia de estas entidades fue duramente contestado por los partidos de la oposición (PP, CiU, IU o PNV) que lo calificaron de "impúdico, inaceptable o indignante". Sinde reconoció que existe un laberinto jurídico que ha creado "una laguna legal", por lo que propuso arreglar las competencias en la vigilancia de las entidades de gestión entre el Estado central y las comunidades autónomas en la próxima Conferencia Sectorial de Cultura.
Culpa del PP
La ministra culpó a Esperanza Aguirre, entonces ministra de Cultura con el PP, de permitir, en la primera legislatura de José María Aznar, que las entidades de gestión pudieran crear sociedades mercantiles. José María Lassalle, del PP, lo calificó de "tomadura de pelo".
El ministerio trabaja para suprimir el canon digital
González-Sinde aseguró antes de comenzar su intervención en la Comisión de Cultura que se "está trabajando" en una nueva regulación que suprima el conocido como canon digital, y que a pesar de su "complejidad" porque "debe discriminar a unos usuarios de otros", esperan "tenerlo ultimado en las próximas semanas".La ministra quiso destacar que la votación del martes en el Congreso en la que por unanimidad se acordó suprimir el canon, "reitera y subraya algo" en lo que los grupos parlamentarios estaban de acuerdo al aprobar la disposición final de la Ley de Economía Sostenible: "Que debe sustituirse por otro mecanismo que se ajuste a la sentencia europea".Sinde se refería a la sentencia de octubre de 2010 en la que el Tribunal de Justicia Europeo señaló que cobrar la compensación por copia privada por los soportes adquiridos por profesionales e instituciones contradice el derecho comunitario.