Polémica participación privada
PSP. A más de un lector, estas siglas le evocarán la transición política española. Pero en la arbórea jerga comunitaria se han convertido en el símbolo de una factura multimillonaria ligada al rescate de Grecia. Según Berlín, la pagarán los inversores en bonos griegos (participación del sector privado). El BCE, en cambio, asegura que acabará en los libros de contabilidad de los Estados de la zona euro (participación del sector público). El mismo acrónimo con resultados muy distintos.
Lo único seguro, de momento, es que el sector financiero deberá arrimar el hombro, porque sin esa colaboración el gobierno de Merkel se niega a dar el visto bueno al segundo rescate de Grecia. Y sin nuevos préstamos, Atenas está condenada a la vuelta del verano a una abrupta suspensión de pagos de imprevisibles consecuencias.
La nueva factura griega hasta 2014 se eleva a 172.000 millones de euros, según los cálculos de la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Un tercio se financiaría con el remanente del primer rescate. Las privatizaciones exigidas a Atenas podrían aportar 30.000 millones. Y de 85.000 millones restantes, Berlín pretende que los acreedores privados asuman casi la mitad, y el resto se financie con un segundo rescate.
Los gobiernos de Alemania y Holanda consideran que esa contribución privada de entre 30.000 y 40.000 millones de euros les permitirá convencer a su electorado de que los rescates de Atenas no corren solo por cuenta de los contribuyentes.
"Una idea atractiva", reconoce el BCE por boca de Lorenzo Bini-Smaghi, uno de los seis miembros de su Comité Ejecutivo. "Pero que en determinadas circunstancias, y en particular en medio de una crisis financiera, puede acabar saliéndole más cara a los contribuyentes".
Bini-Smaghi, sin mencionar a Berlín ni a Amsterdam, acusa a algunos políticos de "acomodarse a la reacción instintiva de sus electorados", sin tomarse la molestia de explicarles "que la participación forzosa de los bonistas [en las operaciones de rescate] puede aumentar los costes" de la operación para el erario público.
El BCE, presidido por Jean-Claude Trichet, parece convencido de que la PSP a la alemana provocará un contagio de la crisis de la deuda soberana que requerirá nuevos fondos públicos para atajarla. La atractiva idea mutará así en una PSP que cubrirá de números rojos las cuentas públicas de los Estados como ocurrió tras el desplome de Lehman Brothers.
Me temo que en breve comprobaremos la traducción definitiva de las peligrosas siglas (por cierto, que en Bruselas se utilizan en inglés: PSI, private sector involvement).
Imagen: Trichet y Merkel en Fráncfort en 2008 (tomada de la web del BCE).