La administración concursal de Air Comet pide su liquidación anticipada

Cuenta con activos para subastar valorados en 5,36 millones de euros, lo que sólo permite cubrir el 1,46 por ciento de las deudas con los acreedores.

La administración concursal de Air Comet ha pedido la liquidación anticipada de la aerolínea del grupo Marsans, que cuenta con activos para subastar valorados en 5,36 millones de euros, lo que sólo permite cubrir el 1,46 por ciento de las deudas con los acreedores, que son fundamentalmente pasajeros.

En un escrito remitido al Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid, al que ha tenido acceso Efe, los administradores concursales justifican que Air Comet no tiene actividad alguna desde diciembre de 2009 y que han aparecido "circunstancias de urgencia" que aconsejan que se liquiden inmediatamente los bienes para evitar que pierdan valor.

En primer lugar, la aerolínea -vendida por Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual a Posibilitumm- ha recibido orden del Juzgado de Primera Instancia número 31 de Madrid de desalojar su sede en Madrid a petición del Barclays Bank, lo que le podría obligar a "abandonar o malvender" los bienes que tiene depositados en el interior.

En el inmueble se encuentra mobiliario, ordenadores, maquinaria, instalaciones de aire acondicionado y elementos de transporte por valor de 564.120 euros.

En segundo lugar, los administradores concursales señalan que el resto de los bienes, con un valor de 1,56 millones de euros, está situado en depósitos aduaneros sujetos al régimen de importación, por lo que la Agencia Tributaria está intentando liquidar el arancel e IVA de dichos depósitos, que podría ascender a 1,7 millones.

"El único medio para evitar tener que pagar la cantidad anterior es mediante la venta a compradores no sujetos a IVA, es decir, de ámbito extracomunitario y antes de que la Agencia Tributaria proceda a la liquidación de los depósitos aduaneros", alertan los administradores concursales.

Para evitar que eso ocurra, informan de que han aceptado provisionalmente una oferta por esos activos de 125.000 dólares de la empresa APS, que se ha comprometido a hacerse cargo de los gastos de aduanas.

Para respaldar su propuesta de liquidación anticipada, también recuerdan que existen varias ofertas por algunos bienes de Air Comet, pero que "son de escaso valor y de una antigüedad superior a los 3 meses, por lo que esta administración concursal no las puede dar como válidas" actualmente.

Por ello, proponen subastar de inmediato los bienes de la sede, a los que se añadirían los derechos de cobro y los créditos litigiosos, que ascienden a 4,79 millones (de los que ya han sido reclamados judicialmente 841.187,55 euros).

También existe una reclamación de deudas por importe de 20,66 millones de euros contra Aerolíneas Argentinas, que esta compañía no reconoce y que ha llevado a Air Comet a pedir que sea declarada en concurso de acreedores (lo que está pendiente de decidir y podría afectar al valor del activo).

El activo de Air Comet para pagar a sus acreedores ya ha mermado provisionalmente respecto a los 100,35 millones calculados en un principio, ya que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid rechazó en marzo que la aerolínea se quedara con la posible indemnización que tendría que pagar el Gobierno argentino por la expropiación al grupo Marsans de Aerolíneas Argentinas.

La administración concursal de Air Comet, que ha recurrido la sentencia, calculaba que esa reclamación podría generar unos 66 millones de euros para la compañía.

Según su informe provisional de situación patrimonial, Air Comet, la primera sociedad del grupo Marsans declarada en concurso de acreedores, en abril de 2010, contaba con activos de 100,35 millones de euros, frente a unas deudas de 365,87 millones.

En ese informe, los administradores concursales ya advertían de que los 24.907 acreedores no podían tener "expectativas de cobro" dado el abultado agujero patrimonial.

El 92,8 por ciento de los acreedores (un total de 23.131) eran pasajeros que se quedaron sin volar cuando Air Comet cesó sus operaciones en diciembre de 2009, mientras que el resto eran proveedores, administraciones públicas y trabajadores.