Por qué es importante controlar el déficit fiscal
España gasta ahora más de 23.000 millones de euros de dinero público para pagar los intereses a quienes han comprado los títulos de deuda que el Tesoro ha emitido. Es una cantidad importante, pero muchísimo más asequible que la que tienen que soportar otros presupuestos de la Unión Monetaria Europea, si bien es cierto que experimenta crecimientos muy acelerados. España arrancó la crisis con una deuda pública del 36% del PIB, la tasa más saludable de toda la UE, fruto de 14 años de bonanza y una gestión rigurosa de las finanzas públicas. De hecho, por hacer una simple comparación con quienes ahora aparecen como paradigmas negativos, Portugal tenía ya en 2007 una deuda que duplicaba la española en términos de PIB, y Grecia la tenía de casi cuatro veces.
La percepción relajada que proporcionaba una deuda y una carga financiera tan modestas se ha esfumado, no obstante, en tres años por la paralización del crecimiento económico, y con él de los ingresos fiscales. El marchamo de los estabilizadores automáticos ha llevado el gasto público a aumentos muy superiores a los de los socios comunitarios, mientras que los ingresos han experimentado contracciones también muy superiores. Así, en casi ningún país ha tomado una velocidad tan agresiva la deuda, casi un punto sobre PIB cada mes, que ha vuelto prácticamente a las posiciones de los noventa, malbaratando los esfuerzos acumulados entre 1995 y 2006, y colocándose de nuevo en el centro de las turbulencias de los mercados.
Todos los esfuerzos por reducir el desequilibrio fiscal son, por tanto, pocos. Además, no se puede olvidar la dificultad que entraña volver ahora a manejar las cifras del presupuesto público si se tiene en cuenta que buena parte de los instrumentos de los que disponían los Gobiernos en los noventa han desaparecido para siempre. Por tanto, reducir el déficit es ahora más difícil que antes, pero también más determinante que entonces para recomponer la actividad.
Aunque no parece haber fórmula imaginable de poner de acuerdo a los dos grandes partidos políticos en las soluciones para lograr lo antes posible el equilibrio fiscal, hay unanimidad intelectual en que sin él no hay salida posible. Por tanto, el Gobierno actual y el que haya después de las elecciones generales tienen meridianamente claro que no hay otro camino para reconquistar el crecimiento que el equilibrio de las cuentas, aunque para lograrlo divisen caminos diferentes.
Los valores crecientes que toma la factura financiera pública de España impiden destinar cada vez más recursos a otros cometidos que seguramente tendrían mayor efecto sobre el crecimiento y el empleo; además, la prima de riesgo que los mercados financieros exigen ahora a España, y que según reconocen las grandes empresas no se corresponde con el valor real de los activos empresariales y humanos del país, acumula ya una sobrefactura que debe liquidarse cuanto antes.
Mantener un déficit desmesurado impide reducir el sobrecoste de financiación tanto para el Tesoro como para las empresas y bancos, y por añadidura para los particulares que quieren tomar recursos ajenos para poner proyectos personales en marcha. Señales como límites taxativos al gasto público en todas las Administraciones, y con criterios estrictos que impidan avances del gasto iguales o superiores al del PIB nominal, son los pilares básicos para manejar el problema, y únicamente replican el comportamiento primario de los hogares, que nunca gastan lo que no ingresan.
Debe añadirse a este criterio básico el reconocimiento general de que España se ha instalado en un nivel de gasto que no financia con la estructura actual tributaria, al menos mientras el crecimiento sea anémico. No parece haber otro remedio cerca para combatirlo que subir los impuestos, aunque inicialmente cercene la demanda. Varios sectores económicos han recordado la semana pasada que no es sostenible por mucho tiempo más la paralización de la inversión, y algunos ejemplos traemos hoy a nuestras páginas de cómo puede recomponerse (peajes en las autovías). Pero al margen de la iniciativa pública, un déficit y una deuda elevados mantienen artificialmente altos los tipos de interés para poder atraer unos recursos financieros que son más necesarios para reactivar la economía productiva.