El Estado dedicará 3.000 millones al año a compras de bienes innovadores

"No tiene mucho sentido que en las 135 sedes que tiene el Consejo Superior de Investigaciones Científicas no haya ni un solo frigorífico español. Todos son alemanes". Con esta frase, la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ilustraba recientemente la necesidad de implantar la compra pública innovadora como un reto y una oportunidad para las empresas españolas, muy castigadas por el desplome de la demanda interna.

El Consejo de Ministros aprobó el viernes un paquete de medidas para impulsar esas compras en los departamentos ministeriales y organismos públicos que forman parte de la Administración General del Estado. El objetivo de la propuesta aprobada por el Ejecutivo es que el volumen de compras alcance el 3% del presupuesto estatal en 2013. Si se toman los datos correspondientes a las cuentas públicas de este año, el importe total se elevaría a 3.300 millones de euros.

"Con este proyecto se consigue modernizar la administración y supone un impulso a la innovación tecnológica del país", constató el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. De este modo, los Ministerios y sus organismos públicos estarán obligados a especificar en sus presupuestos y en los diferentes programas de actuación plurianuales las cantidades que se destinarán a esta modalidad, que consiste en la adquisición por parte de los organismos públicos de productos, bienes y servicios innovadores. La contratación por parte de los órganos públicos podrá darse en forma de compra pública precomercial o compra pública de tecnología innovadora. En el primer caso, los órganos públicos contratarán servicios de I+D compartiendo riesgo y beneficios, mientras que en el segundo comprarán un producto que requiera tecnología nueva o mejorada.

El CDTI abre una línea de financiación

En paralelo a la compra pública innovadora, el Ministerio de Ciencia e Innovación pondrá en marcha una nueva línea de financiación para aquellas empresas que concurran a ese programa. Esta financiación se facilitará a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), que aportará fondos para sufragar el coste de la innovación. "El objetivo es que al Estado le cueste lo mismo que si comprara tecnología ya desarrollada facilitando de este modo a las empresas participar más en la administración con sus productos y servicios", subraya en un comunicado.