No constarán sus nombres o domicilios

Los peritos de Hacienda en Nueva Rumasa piden protección al juez

Los dos inspectores de Hacienda designados como peritos en la investigación que la Audiencia Nacional lleva a cabo sobre el grupo Nueva Rumasa han solicitado al juez Pablo Ruz que se "incoe respecto a ellos pieza separada de identidad protegida de peritos".

El magistrado, en un auto fechado el 6 de julio, dispone aplicar a los dos peritos la Ley de Protección de Testigos y Peritos en causas criminales. Sus nombres, apellidos o domicilios no constarán en las diligencias y comparecerán para la práctica "utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal".

El titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional abrió diligencias de investigación contra la familia Ruiz-Mateos tras la querella por presunta estafa presentada por el despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados en nombre de 63 inversores de pagarés, grupo que se ha ampliado a cerca de 150. La querella fue admitida a trámite el 3 de junio.

La Agencia Tributaria presentó el 8 de marzo de 2010 una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra "un número no determinado de empresas conocido como Nueva Rumasa" y sus administradores "en relación con el IRPF, el Impuesto de Sociedades y el IVA de los ejercicios 2004 a 2008, así como por blanqueo de capitales".

La apliación de la Ley de Protección de Testigos y Peritos requiere que la autoridad judicial aprecie racionalmente un peligro grave para la persona que pretende ampararse en ella, explica el juez Ruz. "En el presente supuesto", explica el magistrado en el auto en el que dispone la protección de los peritos de la Agencia Tributaria, "se trata de una actividad delictiva grave; se ha generado una determinada tensión o temor en el ánimo de las pesronas derivada de la alarma social y el gran número de implicados en la causa (...)".