Nueva Rumasa

La Generalitat defiende que el concurso de Cacaolat se quede en sus juzgados

La Generalitat hará "lo posible y lo imposible para garantizar la viabilidad de Cacaolat y de sus puestos de trabajo". El consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat, Francesc Xavier Mena, anunció ayer que pedirá a los administradores concursales de Clesa, accionista del 90% de Cacaolat, que den marcha atrás al traslado del expediente concursal a los juzgados mercantiles de Madrid.

Los administradores, entre los que figura la Agencia Tributaria, solicitaron ayer que el expediente se acumule a la causa abierta en los juzgados mercantiles de Madrid. El concurso lo lleva el Juzgado número 6 de Barcelona.

La petición se basa en que tanto Clesa como Cacaolat son grupos alimentarios que pertenecen mayoritariamente a Nueva Rumasa, holding de la familia Ruiz-Mateos.

"Esta amenaza es una buena oportunidad para que las partes implicadas reaccionen", explican desde el comité de empresa de las plantas catalanas de Cacaolat, en Barcelona y Parets del Vallès.

Los jueces deberán ahora optar entre hacer caso a la petición de los administradores concursales o permitir que la operación de venta de Cacaolat siga adelante.

La empresa de bebidas Vichy Catalán presentó la semana pasada en el juzgado de Barcelona un aval por tres millones para optar a su compra, la cantidad mínima que los administradores concursales fijaron como requisito para tener derechos preferentes de compra sobre la marca de batidos catalana.

En la oferta del grupo catalán, que ha sido el primero en presentar la oferta en los juzgados, se comprometía a mantener la plantilla de Cacaolat y construir una nueva planta ya prevista.

El juez que supervisa el concurso ha subrayado desde el inicio del proceso que Cacaolat será vendida siempre que ello signifique la continuidad de la producción y el mantenimiento de sus unidades productivas.

Mena ha advertido que concentrar el procedimiento judicial en Madrid conlleva iniciar de nuevo los trámites y partir de cero, lo que provoca que la oferta de adquisición quede anulada.