Ministros de la UE apoyan vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida
Los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea (UE) se mostraron hoy favorables a retrasar la edad de jubilación de cada país en función de la esperanza de vida nacional, con vistas a adaptar los sistemas de pensiones al envejecimiento de la población.
Los titulares del ramo de los Veintisiete trataron este tema durante una sesión de debate en la segunda y última jornada del Consejo Informal de Empleo y Asuntos Sociales celebrado en Sopot (norte de Polonia).
La mayoría de los estados miembros apoyaron que se tenga en cuenta la esperanza de vida nacional a la hora de establecer la edad legal de jubilación, tal y como recomienda la Comisión Europea (CE), para hacer frente al envejecimiento de la población de la UE, según explicaron a Efe fuentes diplomáticas.
En su intervención, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, expuso la reforma del sistema de pensiones llevada a cabo en España, en "línea con la tendencia actual de la UE" de aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años, según las mismas fuentes.
No obstante, algunos países como Malta o Chipre -que están entre los estados miembros con mayor esperanza de vida- mostraron sus reservas a la recomendación de retrasar la edad de jubilación en función de dicho criterio.
Además de alargar la edad legal de jubilación, los ministros hicieron hincapié en incrementar la participación en el mercado laboral de las personas de mayor edad.
Los responsables comunitarios también destacaron la necesidad de intensificar el diálogo con los interlocutores sociales a la hora de llevar a cabo estas reformas, un asunto que se tratará en la próxima cumbre social tripartita de la UE.
En otra sesión de debate, los ministros analizaron posibles medidas para mejorar la conciliación entre la vida familiar y la profesional, y en concreto trataron los modelos de "flexibilización laboral", señalaron fuentes diplomáticas.
El Ejecutivo comunitario anunció que presentará entre octubre y noviembre un conjunto de recomendaciones para favorecer que las personas trabajadoras puedan atender a sus hijos y familiares dependientes, en paralelo a la directiva sobre los permisos de maternidad y paternidad que actualmente negocia la UE