El pliego tipo para concesiones del PEI mantiene el riesgo de expropiación para las empresas

Fomento se blinda en próximos concursos de carreteras tras la crisis de las radiales

El Gobierno seguirá trasladando a las concesionarias el riesgo de expropiación en los concursos relacionados con carreteras, a la vista del pliego tipo para los contratos de concesión de obra pública viaria que saldrán con el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI). El documento marca calendarios estrictos para el cierre de la financiación de los proyectos so pena de resolución del contrato en caso de incumplimiento. Se trata de condiciones que no atraen ni a constructoras ni a bancos.

Blanco y Salgado
Blanco y Salgado

Varias de cal y otras muchas de arena es lo que Fomento ha ofrecido a las constructoras con el pliego tipo para los concursos de concesión de obra pública en autovías, tras pasar por el tamiz de Economía y Hacienda. Lo que parece claro es que el Gobierno ha querido evitar, ya desde la elaboración de la documentación, cualquier responsabilidad en torno a las dificultades del sector privado para obtener financiación y la posibilidad de sobrecostes en los proyectos de construcción. Los notables problemas económicos que atraviesan concesiones como las radiales de Madrid, las autovías de primera generación o la carretera que va de Madrid a Toledo (AP-41) son el mar de fondo.

El documento servirá de base para establecer las condiciones en cada uno de los concursos de carreteras previstos en el PEI. Fomento pone como condición de obligado cumplimiento la disponibilidad de la financiación de la infraestructura en plazos acotados a partir del visto bueno a los proyectos de construcción. De no cumplirse, se amenaza con la retirada del contrato.

"Obtener la financiación se ha complicado para las concesionarias de infraestructuras, que han pasado de firmar créditos sindicados a tener que formar grupos de acreedores bajo la fórmula del club deal. Por su parte, los bancos no pueden mantener las condiciones de los préstamos durante mucho tiempo por la volatilidad del mercado. Los pliegos de concesión de obra pública deberían tener todo esto en cuenta a la hora de fijar las exigencias en torno a la financiación", afirma el director gerente de Foro PPP, José Díaz Caneja.

En el punto que ha llevado a la ruina en los últimos años a distintas concesionarias, el de las expropiaciones de suelo, sigue traspasándose el riesgo, sin límite alguno, a las empresas.

El pliego tipo deja claro que las compras de suelo, necesarias para acometer las obras, las realiza la Administración y las paga el concesionario. De este modo se cumple con la línea argumental de Hacienda, que considera las expropiaciones como parte del coste y riesgo de construcción. Lo que sí se verá en cada uno de los concursos es que la Administración señala cuál es el presupuesto para las citadas expropiaciones con el fin de limitar su responsabilidad patrimonial.

Desde el Centro Español de Excelencia y Conocimiento de la Colaboración Público Privada (Cecopp) se ha señalado en un informe que el impacto de las expropiaciones, en cuanto a las garantías solicitadas por las entidades financieras, es alto. La entidad reclama que se delimite "mediante un importe máximo para el concesionario".

Fomento, según el pliego tipo, también queda al margen de cualquier tipo de "alteración de la red de transportes por parte del Estado o por cualquier Administración Pública" que afecte a las concesiones. En este último punto se ha basado buena parte del argumentario de los accionistas de la autopista AP-41 para demandar 420 millones en busca del equilibrio económico-financiero de la autopista. Denuncian el desdoblamiento de una carretera de la Comunidad de Madrid, así como la suspensión de la prolongación de la propia autopista AP-41 a cargo de la Administración central.

En futuras licitaciones ya autorizadas, como la de la A-66 (Benavente-Zamora, con un presupuesto de 210 millones) y la A-8 (Solares-Torrelavega, 239 millones), se ha optado por el pago por disponibilidad. El sector privado construirá y operará cada una de las carreteras a cambio de un canon mensual variable, en función del cumplimiento de unos índices de calidad. A estos ingresos se sumarán los de la explotación comercial de las estaciones de servicio.

Menos subcontratación a pie de obra

El pliego tipo reduce al 50% el límite máximo de subcontratación en la construcción de las autovías en concesión, frente al 60% que marca la Ley de Contratos del Sector Público.

El primer borrador del pliego ponía límites a las ofertas a la baja respecto al presupuesto base de licitación. Finalmente se ha evitado fijar un porcentaje.

El documento expresa como fórmulas para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato tanto la "modificación del canon mensual establecido por la utilización y disponibilidad de la obra", como la "ampliación o reducción del plazo concesional, dentro de los limites fijados en el artículo 244 de la Ley de Contratos del Sector Público".

Las adjudicatarias podrán acudir a financiación del ICO y del BEI, pero en ningún caso estas entidades podrán tomar parte en el capital social de las concesionarias. También se abre la posibilidad de emitir bonos.

La tasa interna de retorno del proyecto antes de impuestos debe ser igual o superior al 7,5%. Los plazos de concesión serán de 30 años.

Del capital de los consorcios debe reservarse un mínimo del 20% a empresas especializas en conservación y/o explotación de carreteras. Otro mínimo del 20% deberá estar en manos de constructoras con experiencia en la ejecución de autovías o autopistas. No se impone cuota alguna para ingenierías.