La Eurocámara y los estados miembros, aún sin acuerdo sobre la gobernanza económica
La Eurocámara, la Comisión Europea y el Consejo de la UE aún no han logrado forjar un acuerdo, en el diálogo que mantienen a tres bandas, sobre el paquete legislativo de gobernanza económica con el que los Veintisiete quieren coordinar mejor su sistema fiscal para evitar futuras crisis.
Las últimas conversaciones oficiales se celebraron el pasado 30 de junio, el último día de la Presidencia húngara de turno de la UE, explicó hoy la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, la británica Sharon Bowles, del grupo Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, al inicio de una reunión de ese órgano.
Desde entonces se han producido conversaciones "no oficiales", señaló un portavoz del Parlamento Europeo.
"Hemos avanzado algo hacia el acercamiento de posturas, sobre todo en lo que respecta al diálogo económico, pero lamentablemente he tenido que concluir al final de las conversaciones que no existe una mayoría en la cámara a favor de un compromiso que nos permita someterlo a votación", dijo Bowles.
Este paquete, formado por seis propuestas legislativas, tiene el objetivo de reformar la disciplina fiscal de la UE para aumentar la solidez de la eurozona y conseguir una mayor coordinación económica.
"Pese a los muy enérgicos esfuerzos de la Presidencia húngara, no fuimos capaces de dar por concluido" el diálogo antes de que Hungría pasara el testigo a Polonia, agregó.
De acuerdo con la presidenta de esa comisión, aún hay tres asuntos por acordar, de los que el principal escollo sigue siendo el voto inverso, un mecanismo que implica que las sanciones, en caso de incumplimiento de la disciplina fiscal, no precisarán la mayoría cualificada para su aprobación.
"Estamos todavía un poco estancados en el artículo 6(2)" sobre el voto de la mayoría cualificada inverso, señaló Bowles, quien acusó al Consejo de no querer ceder en ese aspecto.
"Se apoyan todos mutuamente", afirmó, en referencia al Consejo (en el que están representados los Veintisiete) y la Comisión.
Los ministros de Finanzas de la UE han propuesto introducir una cláusula de revisión a tres años para concretar entonces el régimen que se debe seguir ante un incumplimiento, lo que ha provocado el rechazo del Parlamento Europeo.