La SGAE en apuros

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) lleva años en el ojo del huracán.

Internet ha revolucionado los hábitos de consumo de productos culturales. Ha cambiado la manera de consumir, por ejemplo música, y la opinión pública demanda también otra forma de pagar. La presión sobre las entidades que gestionan derechos de propiedad intelectual cada vez es mayor. La centenaria SGAE es la más antigua y también la más grande e influyente. En los últimos meses se le acumulan las malas noticias. La paralización de proyectos de su fundación, la batalla del canon digital o la ley Sinde son algunos ejemplos.

En septiembre de 2010, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) desbarata el proyecto de la SGAE de convertir un palacio del S.XVIII en sede de su fundación. En 2006 la entidad se comprometió con el ayuntamiento de Boadilla del Campo, donde se encuentra el edificio, a invertir 30 millones de euros para rescatarlo de la ruina. Pero el tribunal resuelve que la concesión administrativa otorgada por el Ayuntamiento, encabezado entonces por Arturo González Panero (PP), imputado en el caso Gürtel, se realizó "con absoluto desconocimiento" del procedimiento y de los requisitos que la regulan.

En Octubre 2010, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entendió que el canon digital, tal y como está establecido, es un abuso y no cumple la directiva europea de la que emana su imposición. Considera que la tasa sólo puede aplicarse a los particulares, pero no a personas jurídicas. Es decir, empresas y administraciones han de quedar exentas.

En marzo de este año, la Audiencia de Barcelona absuelve a una tienda de artículos electrónicos que se negó a pagar el canon digital. La Audiencia aplicó la doctrina de la UE que considera que este gravamen no se aplica a empresas y profesionales. Varios juzgados más han emitido resoluciones incorporando el veredicto europeo. El Gobierno español se comprometió el 15 de febrero de 2011 a ajustar la legislación en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley Sinde. El pasado 7 de junio venció el plazo que el propio Gobierno se dio a sí mismo sin se haya logrado un acuerdo entre las partes ni la legislación del canon haya sido modificada.

También en marzo de 2011 la Audiencia Nacional anula las tarifas del canon digital. La Sala de lo Contencioso entiende que la orden ministerial que lo regula está afectada de defecto de forma al que califica como "vicio radical".