Los jueces critican ser el único cuerpo sin retribución variable
Justicia y el Poder Judicial no cumplen la Ley de Retribución desde el año 2003.
La delicada situación económica que vive el país también ha pasado factura a la judicatura. El colectivo integrado por cuatro asociaciones de ideologías muy distintas asegura sentirse "maltratado", en palabras de Marcelino Sexmero, portavoz de la moderada Asociación Francisco de Vitoria. "Somos el único colectivo que no cobra productividad", advirtió comparándose con el resto del alto funcionariado.
Sexmero achacó al Ministerio de Justicia y al mismo Consejo del Poder Judicial la culpa de no cumplir la Ley de Retribuciones de 2003. "El Consejo debería haber elaborado un reglamento pero no lo hace", explicó ayer en el encuentro organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Juristas en colaboración con Derecho Editores.
No fue el único. También el portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, que cuenta con 1.400 asociados y representa al 30% de los jueces que componen la carrera judicial, se refirió a este asunto, aunque incidió primero en que los jueces nunca habían sido un colectivo "muy ambicioso".
Descenso del sueldo del 10%
"Nos ha movido siempre más el interés público que nuestro salario, pero hay que destacar que la judicatura no hemos sufrido un descenso del sueldo similar al resto de los funcionarios, del 5%, sino mayor, del 10%. Asumimos lo que nos ha tocado, somos conscientes de la realidad, pero desde 2003 lleva sin aplicarse la normativa de retribuciones", se justificó Llarena.
Por este motivo, la mayor asociación de jueces solicita no solo que se cumpla la ley, sino que además se revisen las guardias, que según indicó son menores que las del resto de funcionarios, y las otras retribuciones complementarias. Al hilo del informe elaborado por el CGPJ y que ayer fue sometido al pleno del organismo, solicitó mayores competencias del Poder Judicial en materia de retribuciones y en el proceso de selección de los jueces y magistrados.
Pablo Llarena defendió la idea de un Consejo General del Poder Judicial más fuerte. "Creó que las competencias judiciales repartidas entre el CGPJ, el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas y, ahora, los municipios generan una disfunción". Los progresistas, por el contrario, representados en Jueces por la Democracia, lanzaron su oposición abierta a esta propuesta. "No veo la bondad de centralizar toda la justicia en un órgano en concreto. Lo que se necesita es una mayor cooperación autonómica", según dijo su portavoz, José Luis Ramírez.
Respecto a la selección de los vocales del CGPJ, los jueces más conservadores solicitaron volver al sistema anterior de selección directa de magistrados. Llanera también consideró conveniente incrementar los presupuestos del Poder Judicial, bien de forma extraordinaria o a través de los Presupuestos Generales del Estado, y dotar a este organismo de un número suficiente de magistrados y funcionarios formados. El ala conservadora de la judicatura también se muestra a favor de establecer un "sistema de copago" en Justicia, para evitar el uso indebido de este derecho.
Además, el encuentro sirvió para tratar otros temas como la incursión política en el sistema judicial, la legalidad de Bildu o las relaciones entre jueces y medios de comunicación, además de asuntos que afectan al propio colectivo, la reforma del acceso a la judicatura.
Por su parte, el Foro Judicial Independiente criticó en palabras de su portavoz Javier Varona las relaciones políticas de la justicia de una forma muy directa. "Estas relaciones se han prolongado con el beneplácito de algunas asociaciones de jueces con el Tribunal Supremo y con el Tribunal de Justicia".
Las cifras
4.800 es el número de jueces y magistrados que actualmente ejercen en España.
1.400 están representados en la Asociación Profesional de la Magistratura, un 30%. El resto se reparte en tres asociaciones, la progresista Jueces para la Democracia, la centrista Francisco Vitoria y la independentista Foro Judicial Independiente.
Acceso: solo oposiciones o formación adicional
Los jueces y magistrados están divididos sobre los posibles cambios en el acceso a la profesión. El portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, se mostró ayer partidario de "potenciar el papel de la Escuela Judicial" para que la nota de la oposición tenga un peso decreciente en el tiempo en la calificación para acceder a la profesión. En opinión de Ramírez, es importante el conocimiento del Derecho por parte del aspirante pero no lo son menos otros aspectos.La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) es, por el contrario, "firme defensora" de la oposición. Pablo Llarena explicó que cualquier cambio en el acceso es "altamente sensible" para la profesión porque puede provocar que el "amiguismo" entre en escena. Y defendió que el perfecto conocimiento del Derecho a aplicar por parte del juez es lo que da plenas garantías al ciudadano.En cualquier caso, los jueces consideran que siguen haciendo falta más jueces. El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) manejó ayer documentos aportados por la comisión permanente que indican la necesidad de crear 500 nuevas plazas judiciales ante la "sobrecarga de trabajo". Los miembros del pleno expresaron su "profunda preocupación ante la posibilidad de que no se creen nuevas unidades judiciales" este año. Los jueces creen que el nivel de saturación que registran los juzgados es "difícilmente compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva sin dilaciones".Por otro lado, el pleno nombró ayer a la magistrada Roser Bach como nueva directora de la Escuela Judicial, que tiene su sede en Vallvidrera (Barcelona).