Pretende no perjudicar a la recaudación

Gallardón propone integrar el IBI en el IRPF para tener en cuenta la renta

El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado a estudiar la posibilidad de solicitar al Estado una modificación legal que permita la integración del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en el IRPF para las personas físicas.

Lo ha anunciado el delegado madrileño de Hacienda, Juan Bravo, en el debate en el Pleno municipal de una proposición del PSOE para suspender la actual revisión catastral, en el que ha dicho que no le gusta el IBI "tal y como está configurado" y que los ayuntamientos no deben seguir aplicando "pasivamente" este impuesto.

Bravo ha indicado que no se trata de establecer ningún recargo en el IRPF, sino de incorporar a este impuesto un importe de renta equivalente a la cuota que representaría el IBI.

Ha señalado que esta propuesta podría articularse, por ejemplo, mediante la imputación de una renta teórica para todos los inmuebles, adicional a la que hoy se aplica exclusivamente en el IRPF a los inmuebles no arrendados y que no sea la vivienda habitual (el 1,1% sobre el valor catastral actual).

De esta forma, todos los inmuebles de un determinado contribuyente generarían una imputación de renta teórica en el IRPF aplicando el porcentaje de imputación que decidiera el municipio (entre un mínimo y un máximo) sobre el valor catastral del inmueble, por lo que la colaboración de la Dirección General del Catastro seguiría siendo fundamental.

Esa renta teórica de cada inmueble podría ser gravada, por ejemplo, al tipo medio del IRPF del contribuyente y el importe resultante iría destinado en su integridad al municipio correspondiente o, si se prefiere, se podría gravar con una tarifa especial.

De esta forma, ha subrayado, al integrarse en la renta, se tendría en cuenta la capacidad económica, el nivel de ingresos y las circunstancias personales y familiares del ciudadano.

El Ayuntamiento de Madrid ve en esta propuesta varias ventajas, entre ellas que el IBI se pagaría vía retención para las personas físicas con rendimientos del trabajo personal, es decir, en 12 mensualidades y que se ahorrarían costes de gestión, por ejemplo la emisión de millones de recibos anuales.

También que habría mayores facilidades de pago para el ciudadano, que se mejoraría la tesorería mensual de los municipios y que disminuiría la presión fiscal indirecta vía notificaciones, reclamaciones y recursos.

El desarrollo de esta propuesta, que Bravo considera "muy difícil" trasladar a las personas jurídicas a través del impuesto de sociedades, se realizará de forma pormenorizada en las próximas semanas.

A la espera de esta modificación legal, el Ayuntamiento seguirá trabajando para establecer un "IBI social", pero como no tiene capacidad para establecer tipos impositivos progresivos en función de los ingresos, está estudiando un sistema vía subvención que en todo caso el propio delegado de Hacienda reconoce como "un parche".