Un debate lastrado por el exceso de crispación
La primera jornada del debate sobre el estado de la nación transcurrió en torno a un agrio y durísimo enfrentamiento dialéctico entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Al igual que ya ocurriera en los últimos años, y en un esquema que recordó inevitablemente al debate del ejercicio pasado, la precariedad de la coyuntura económica que vive España y la valoración del papel que ha desempeñado el Gobierno en el modo de gestionarla centraron el diálogo entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el del Partido Popular, Mariano Rajoy. El primero acusó al segundo de deslealtad y de mentir sobre el estado de la economía española, mientras este insistía en la necesidad de echar el cierre a una legislatura y a una situación que calificó de verdadero calvario para España. Pese al tono de despedida emocionada con que cerró su primera intervención el presidente, el discurso de Zapatero no hizo concesión alguna a la posibilidad de alterar el actual calendario electoral.
En el primer turno del que constituye su noveno y último debate sobre el estado de la nación, Rodríguez Zapatero se limitó a realizar una numantina defensa de las reformas abordadas hasta el momento por el Ejecutivo, sin dejar espacio a la autocrítica y con unas dosis de optimismo respecto a la situación económica que resulta muy difícil compartir. Pese a que no se esperaban muchas novedades en el guion, el presidente del Gobierno anunció algunas medidas. La más importante de ellas -por la urgencia que requiere su puesta en práctica- es la propuesta de establecer una regla de gasto para las comunidades autónomas que será planteada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del mes que viene. También adelantó la apertura de una línea del ICO para que las entidades locales puedan afrontar el pago directo a proveedores de facturas pendientes a 31 de abril de este año. Y anunció la elevación del límite de renta inembargable en procesos de ejecución hipotecaria hasta el 150% del salario mínimo interprofesional, es decir, hasta 961 euros mensuales.
En su papel como líder de la oposición, Mariano Rajoy atacó duramente y con cifras en la mano la gestión del Gobierno respecto a la crisis y dejó claro que no culpa a este de haberla provocado, pero sí de negarla reiteradamente en sus inicios y de gestionarla sin el más mínimo acierto. Tras un análisis muy crítico sobre las reformas aprobadas hasta ahora y muy escéptico respecto a la capacidad del Ejecutivo para implementar nuevas propuestas, el grueso de su discurso se centró en solicitar un adelanto electoral. En las intervenciones del líder popular, que cuenta con posibilidades de gobernar en pocos meses tras los buenos resultados del Partido Popular en las elecciones del pasado mes de mayo, se echó de menos la explicación de las soluciones que su partido defiende para impulsar el crecimiento de la economía y hacer frente al imparable deterioro del mercado laboral. En su defecto, el líder popular se limitó a anunciar sin más detalles tres reformas económicas -para aprobar conjuntamente con el Gobierno- dirigidas a apoyar a emprendedores, recuperar la estabilidad fiscal y mejorar las normas de transparencia.
A escasos meses de terminar una legislatura que el Gobierno ha dejado claro que va a agotar, el debate celebrado ayer parece augurar unos próximos meses de durísima confrontación política. Pese a que desde un punto de vista político ello pueda ser comprensible, con una oposición que gobierna en la mayoría de los territorios autonómicos y un Gobierno que muestra inevitables signos de agotamiento, no lo es desde un punto de vista institucional. Con unos mercados en permanente desconfianza, la economía española no puede cargar sobre sus hombros con el peso de un plus de confrontación política. Si bien es perfectamente legítima la petición de un adelanto electoral por parte del Partido Popular, también lo es la decisión del Gobierno de no concederla. En ese escenario, lo que resulta ciertamente indiscutible es la imperiosa necesidad de continuar realizando reformas y de hacerlas con la mayor urgencia, la mayor profundidad y el mayor consenso posible. Porque hasta marzo del año próximo queda mucho tiempo y España no puede permitirse perderlo.