Un recorte necesario y previsto
El colectivo de funcionarios recibirá esta semana una nómina que a buen seguro provocará más de una polémica. El motivo es que el montante de la paga extraordinaria de junio -una de las dos que se abonan anualmente- incluye sustanciales recortes de hasta el 15%. Pese a las apariencias, no se trata de la puesta en práctica de una nueva rebaja a cargar sobre los hombros de los empleados públicos, sino de la aplicación del tijeretazo del 5% sobre la masa salarial de los funcionarios que el Gobierno aprobó el pasado año como parte del plan de medidas de ahorro presupuestario. El hecho de que el recorte se refiera al sueldo base y los trienios, conceptos salariales que en muchos casos constituyen más de la mitad de la retribución, explican lo abultado de la rebaja. En algunos casos -el de un empleado público que pertenezca a la escala A2 y cuente con un trienio de antigüedad, por ejemplo- la paga extraordinaria de este mes tendrá un montante de hasta 300 euros menos que el salario mensual.
El recorte de la paga extraordinaria de junio que se materializará en los próximos días no solo ha generado un fuerte malestar entre los colectivos de funcionarios, sino también una considerable dosis de confusión y de alarma. A los rumores sobre la hipotética preparación por parte del Ejecutivo de un nuevo tijeretazo hay que sumar el descontento de unos sindicatos, para quienes la equivalencia entre las mensualidades salariales y las pagas extras constituye una ardua conquista que en este momento ven condenada a desaparecer.
Sin embargo, y por dolorosa que pueda resultar la medida -más aún al tratarse de una retribución con la que cuentan muchas familias para sufragar el coste de sus vacaciones de verano-, la rebaja de la extraordinaria de junio no supone otra cosa que el imprescindible cumplimiento del recorte presupuestario aprobado el pasado año como medio para contribuir a reducir el déficit público en España. Un recorte que en la situación actual, con unos mercados que ayer volvían a castigar duramente la prima de riesgo española, debe llevarse a cabo sin ceder un ápice en el rigor y la firmeza necesarios para acatar las exigencias de Bruselas.
Pese a ello, los insistentes rumores y el malestar provocado entre los empleados públicos demuestran que, aunque legítima y correcta en el fondo, la medida podía haberse mejorado en cuanto a la forma. La rebaja salarial impuesta al colectivo de funcionarios por razones de austeridad presupuestaria es lo suficientemente importante como para que deba ir acompañada de un claro y exhaustivo ejercicio de información y transparencia. La confusión desatada estos últimos días revela, sin embargo, que ese ejercicio no se ha producido con el éxito deseable.