Los primeros logros de una ley histórica

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM) hacía públicos recientemente los resultados de su última encuesta sobre plazos de cobro, referida al conjunto del año 2010. La encuesta muestra una ligera pero perceptible mejora en los periodos de pago entre empresas privadas, que han pasado de 101 a 93 días de promedio. Asistimos, por tanto, a los primeros logros de la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad, resultado de arduas y largas negociaciones por parte de la Plataforma.

Otras fuentes relacionadas con la morosidad confirman también la mejora gradual de la situación, según hemos observado en nuestra encuesta. La consultora Intrum Justitia mostraba en 2010 que un 29% de las empresas consultadas registraban retrasos de más de 90 días en sus cobros, una cifra inferior al 33% de 2010. Por su parte, el anuario Informa destacaba una ligera mejora en 2010 en el retraso medio de los pagos. Sin embargo, la misma fuente nos confirma la "excepción española", pues el 58% de los encuestados no respetan las condiciones pactadas con sus proveedores y el promedio de retraso es el más alto de la UE, solo por detrás de Portugal.

A la vista de la persistente divergencia entre España y la UE, difícilmente podemos estar eufóricos, aunque sí somos optimistas en lo que respecta a la reducción de la morosidad entre empresas. Una mención aparte merece sin embargo la morosidad de las Administraciones Públicas. La encuesta de la Plataforma muestra incluso un incremento del plazo medio de cobro de las administraciones en 2010, que ha pasado de 154 a 157 días. El anuario de Informa, por su parte, confirma cómo la administración es el ámbito de actividad con mayor retraso en sus pagos, por delante de otros sectores tristemente célebres por esa causa, como la Construcción o la Sanidad.

Todos estos datos no hacen más que confirmar la postura inamovible de la Plataforma en pos de una solución definitiva al grave problema de la morosidad de las Administraciones, que sigue lastrando al conjunto de la economía, muy a pesar de los signos de mejora en la morosidad privada. A instancias de la Plataforma, la Ley 15/2010 ya preveía en su disposición adicional cuarta la creación de un fondo del ICO para facilitar que las Administraciones Locales atiendan sus pagos con proveedores.

Sin embargo, una miope modificación del Gobierno a la Ley de Presupuestos de 2011 dio al traste con la exigencia de la Ley de Morosidad, condenando a miles de proveedores de la Administración Local, y con ellos a sus trabajadores y familias. Muchos de ellos aguardan con desesperación la liquidación de las facturas emitidas o incluso la fijación de plazos de cobro concretos, que algunas Administraciones se niegan a facilitar para no reconocer abiertamente su flagrante incumplimiento de la Ley de Morosidad. La Plataforma seguirá luchando en este frente para lograr que las Administraciones españolas prediquen con el ejemplo a la hora de aplicar una Ley histórica que está mostrando ya sus primeros frutos en el sector privado.

Antoni Cañete

Portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad