Había riesgo de que prescribiera porque Hacienda no cerró la inspección

La Audiencia Nacional investigará a la familia Botín por presunto delito fiscal

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime y los cinco hijos de cada uno, por posibles delitos de fraude fiscal y falsedad documental, relacionadas con cuentas en Suiza procedentes de una herencia familiar.

El Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Fernando Andreu, ha decidido investigar a Emilio Botín y su familia tras una denuncia realizada por la Fiscalía Anticorrupción en mayo de 2010. En esa fecha las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria española sobre una serie de personas con fondos en cuentas del banco suizo HSBC Private Bank Suisse, entre las que estaban Emilio Botín, sus cinco hijos (Ana Patricia, Paloma, Emilio, Carmen y Francisco), Jaime Botín y sus cinco descendientes (Marcelino, Alfonso, Gonzalo, Marta y Lucrecia), que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y del impuesto sobre el patrimonio, entre 2005 y 2009.

A petición de la Agencia Tributaria, los 12 miembros de la familia Botín procedieron a regularizar su situación fiscal presentando declaraciones complementarias con las rentas de las que eran titulares "trust, fundaciones y otras figuras fiduciarias" vinculadas a ellos.

Sin embargo, en la información remitida por Hacienda a Anticorrupción el pasado 13 de mayo por la existencia de indicios de delito, la Delegación de Grandes Contribuyentes señaló que "en las actuaciones de comprobación realizadas hasta la fecha, no ha podido determinarse si las regularizaciones hechas han sido completas y veraces".

Aunque esas comprobaciones no han concluido, Anticorrupción se ha visto obligada a presentar la denuncia contra Botín y su familia porque el análisis de las declaraciones correspondientes a 2005 prescribía el próximo 30 de junio.

El ministerio fiscal recuerda que, en el caso de que las regularizaciones practicadas sean "completas y veraces", procederá al archivo de las actuaciones. El juez Andreu se considera competente para investigar la denuncia dada la "entidad, gravedad y complejidad" de los hechos y el "elevado número de denunciados".

Andreu recuerda que "la propia Agencia Tributaria manifiesta su incapacidad para analizar toda la información facilitada en plazo, dada la extensa documentación aportada, la cantidad de entidades intervinientes, la complejidad de las estructuras patrimoniales (...) creadas al socaire de los hechos investigados". Como las declaraciones complementarias presentadas exceden en algunos años los 120.000 euros, el juez entiende que "cabría la posibilidad de que hubiera podido cometerse un delito contra la Hacienda pública", y recuerda que Anticorrupción ha interpuesto la denuncia "a prevención de que la regularización practicada por los denunciados no fuese correcta".

Por ello, considera que lo primero que hay que investigar para saber si puede continuar la causa contra la familia Botín son "qué conductas aparecen como exigibles a cada uno de los denunciados a fin de poner en orden su situación tributaria". El caso HSBC, que se originó cuando un ex trabajador del banco entregó datos confidenciales a Francia de evasores fiscales, ha llevado a la Agencia Tributaria a investigar a 659 contribuyentes que tenían más de 3.000 cuentas en Suiza, en las que hay entre 6.000 y 8.000 millones de euros.

Pago de 200 millones para regularizar

La familia Botín recalcó ayer a través de un portavoz que "está al corriente de todas sus obligaciones fiscales", después de haber realizado una regularización complementaria "voluntaria y completa" de sus declaraciones fiscales de entre 2005 y 2009. El portavoz sostuvo que "la familia espera que muy pronto todo este asunto se aclare satisfactoriamente en sede judicial". Emilio Botín y su familia abonó el pasado año 200 millones de euros por la declaración patrimonial de los bienes domiciliados en Suiza, ahora objeto de la investigación por la Fiscalía Anticorrupción.

Estos bienes proceden de parte del patrimonio acumulado por Emilio Botín Sanz de Sautola, padre del presidente del Banco de Santander. Tras la Guerra Civil española, el patriarca de la familia salió al extranjero con su patrimonio, que fue depositado en una fundación creada en Suiza con su nombre y gestionada desde entonces por administradores profesionales. Esta fundación no ha recibido aportaciones desde 1993, en que murió el patriarca.