Fondos & Planes. Análisis

Prejubilación: cara para el Estado y para usted

Este método penaliza a la Seguridad Social y, si la jubilación es anticipada, puede afectar a su pensión final

En los últimos meses, raro ha sido el día en el que este periódico no hablara de prejubilaciones en alguna empresa. Y es que este se ha convertido en uno de los métodos de despido más de moda en nuestro país, sobre todo en el caso de las cajas de ahorros y grandes compañías.

Al principio, este tipo de regulación de empleo era del agrado de todos al considerarse no traumático y mandar al empleado a casa con porcentajes altos de su salario. Sin embargo, ha sido el Gobierno el que ha alertado de que no todo es jauja y que tiene unas importantes repercusiones en las arcas públicas, una cuestión que no es baladí si tenemos en cuenta el delicado estado de salud financiera de nuestro sistema de Seguridad Social.

Pero, ¿en cuánto afecta? Todos los expertos consultados lamentan la imposibilidad de calcularlo a ciencia cierta, ya que la prejubilación es una figura que no está legalmente contemplada. En definitiva, no es más que "un acuerdo privado entre una empresa y sus empleados por el cual cesan o suspenden su relación laboral a cambio de una serie de compensaciones económicas, pagaderas por la empresa a cada empleado incluido en el acuerdo, hasta el momento de su jubilación efectiva", recuerda Francisco González-Quevedo, de previsión social de Towers Watson.

Un acuerdo privado que, además, "discrimina por razones de edad, por lo que son susceptibles de ser denunciados ante el Tribunal Constitucional", apunta José Antonio Herce, socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI).

Hay varias modalidades de prejubilación en función de si tiene coste para el Estado o se cubre por completo por parte de la empresa (este último es el caso generalmente utilizado por la gran banca en reducciones de plantilla anteriores). Sin embargo, la más común actualmente, y la utilizada en los casos de las cajas de ahorros, incluye que el exempleado esté durante dos años cobrando el paro.

"Aunque hay empresas que, aprovechando el acuerdo de prejubilación regulado en la Ley 35/2002, no jubilan anticipadamente a sus empleados, con lo cual no derivan ningún coste al sistema, la mayoría de empresas, aun con beneficios, aprovechan este soporte de recursos públicos y hacen pasar a sus trabajadores por el desempleo mediante despidos, descontándoles de las cuantías que les pagan los 22.500 euros que les pagará el Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem). Además, pactan una jubilación anticipada, ahorrándose adicionalmente las prestaciones garantizadas a los exempleados una vez que los han jubilado, así como sus cotizaciones a la Seguridad Social", advierten desde Towers Watson. Con todo ello, la cuantía total con la que se puede considerar que se penaliza al sistema por las prejubilaciones más gravosas puede ser del entorno de los 57.500 euros por empleado prejubilado, según esta consultora.

Una cifra algo menos abultada calculan desde Garrigues, "unos 26.000 euros por desempleo y hasta otros 24.000 euros que la Seguridad Social deja de ingresar por las cotizaciones durante esos dos años", estima Ignacio Corchuelo, socio del departamento laboral. "Me preocupa que el sistema de empleo asuma ese dinero", asegura Herce; "lo lógico sería que se asumiera todo por parte de la empresa o a medias entre la empresa y el empleado".

El impacto de estas prejubilaciones en el sistema de la Seguridad Social ha sido uno de los factores decisivos para que Trabajo pensara en promover la enmienda que ha introducido en la reforma de las políticas activas de empleo para que las empresas con beneficios compensen al Estado cuando reduzcan plantillas y tengan resultados positivos. Y es que si el trabajador ya no busca empleo activamente y va a jubilarse, no debe cobrar el desempleo, cree el Gobierno, y si lo hace, tiene que asumirlo la empresa.

Herce opina que el impacto que tiene sobre el sistema público de pensiones es menos grave. Mediante convenios especiales con la Seguridad Social, los acuerdos suelen recoger la cotización del empleado hasta el momento del retiro y el anticipo de la edad de jubilación a partir de los 60 o 61 años -según se recoge en la normativa actualmente vigente, y con 63 años en el futuro texto reformado-, lo que conlleva aplicar coeficientes reductores, "luego el coste para el sistema es menor aunque pueda ser durante más años", cree el socio de AFI.

Efectivamente, "aunque esto puede suponer el pago por parte de la Seguridad Social de hasta cinco años más de pensión de jubilación por cada empleado prejubilado, la penalización que el trabajador sufre por este anticipo de la jubilación (de entre un 6% y un 8% de la pensión por cada año de anticipo), teóricamente compensa, asegura González-Quevedo.

No obstante, en este caso "es el empleado el que asume el coste de jubilarse anticipadamente", apuntan desde Watson, ya que esos coeficientes reductores merman su pensión.

También para la Seguridad Social tiene su impacto, ya que esta deja de percibir aportaciones por estos empleados que sí percibiría en el caso de ser trabajadores en activo hasta los 65 o 67 años. En Towers Watson estiman que en promedio, por el total de los años de anticipo, por cada empleado que se jubila anticipadamente la Seguridad Social puede dejar de percibir unos 35.000 euros.

En Mercer, sin embargo, ven el lado bueno de la moneda y explican que las prejubilaciones pueden ser hasta positivas actualmente para el sistema de pensiones "ya que, según la normativa, si un ERE afecta a mayores de 55 años que no cotizaron antes de 1967, es obligatorio que se suscriba un convenio especial con la Seguridad Social que conlleva pagar de una sola vez las cotizaciones que restan de aportar hasta su jubilación anticipada", explica su director de pensiones Miguel Ángel Menéndez.

En Mercer consideran que este tipo de medidas no traumáticas se seguirán utilizando, si bien los periodos o los importes de prestación podrían modificarse en función de diferentes variables, como pueden ser las ayudas públicas que pudieran otorgarse, los años cotizados, los salarios a complementar, etcétera.

Pero, ¿cuándo nos jubilamos normalmente? Según los últimos datos de la Seguridad Social, en 2009 se jubilaron anticipadamente 112.427 trabajadores, lo que representa un 41,4% de las altas. Sin embargo, en los primeros meses de 2010 el porcentaje ha descendido al 40%, "debido al mayor crecimiento de la jubilación de los trabajadores con 65 y más años que se viene registrando en los últimos ejercicios", explica el ministerio en el Informe Económico-Financiero de la Seguridad Social.

El porcentaje de jubilaciones con 60 años y coeficiente reductor mantiene su perfil descendente, representando un 5,8% del total de altas. No son muchas personas, ya que solamente pueden acceder a esta modalidad los que fueron mutualistas antes de 1967, por lo que cada vez es menor la proporción de trabajadores que cumplen este requisito. El resto de jubilaciones anticipadas registran aumentos respecto a periodos anteriores, excepto la especial a los 64 años y la parcial. En cuanto a la edad media de las altas de jubilación, en los primeros meses de 2010 fue de 63,83 años, cuando en diciembre de 2009 estaba en 63,73 años. Corchuelo calcula que si ahora los trabajadores se jubilan con esa edad media, con la entrada en vigor de la reforma, esa cifra subirá a los 65 años. Lo que ve difícil es que ese trabajador no se vea afectado por los coeficientes reguladores, ya que cada vez es más difícil cobrar íntegra la pensión. "En cualquier caso, el régimen transitorio de aplicación va a ser tan amplio y la normativa tiene tantos matices que calcular cada caso va a ser una pequeña locura".

1.200 euros por cabeza

Al ser acuerdos privados no hay estadística fiable del número de prejubilados. En la consultora Towers Watson se han atrevido a hacer un cálculo. Dadas las prestaciones percibidas, Hacienda estimaba en 2010 que el número de jubilados anticipadamente podía rondar las 366.000.

Si todas las prejubilaciones se hubiesen producido traspasando al Estado el máximo coste posible, "podríamos decir que el impacto económico para las arcas del Estado podría haber rondado los 21.000 millones de euros", según Francisco González-Quevedo. Una cifra que al experto le parece excesiva, por lo que "un dato más realista puede ser asumir que han pasado la mitad, en cuyo caso el coste sería de 10.500 millones".

Esto supondría una tercera parte del fondo de reserva de la Seguridad Social o un coste medio de 1.200 euros para cada uno de los 17,5 millones de cotizantes que tiene ahora la Seguridad Social. ¿Estamos dispuestos a asumir ese dinero?

En negro

No solo preocupan las consecuencias directas. El experto en pensiones José Antonio Herce alerta sobre un peligro añadido, que esos trabajadores prejubilados pasen a darse de alta como autónomos o incluso a trabajar en negro, ya que muchos de esos acuerdos impiden volver a trabajar.