Reforma de las pensiones

Las grandes empresas en beneficio pagarán sus ERE desde el 27 de abril

El PSOE presenta 30 enmiendas a la reforma de la Ley de la Seguridad Social.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado al proyecto de reforma de las pensiones la enmienda para que las empresas con más de 500 trabajadores y que hayan tenido beneficios en los dos ejercicios económicos anteriores compensen al Tesoro público en caso de realizar expedientes de regulación de empleo que supongan costes para el seguro de desempleo.

Se trata de una enmienda similar a la que ya fue presentada por el Grupo Socialista al proyecto de Ley de Políticas Activas de Empleo, aún en tramitación. La novedad de la enmienda, según los socialistas, es que especifica que el nuevo criterio se aplique a los expedientes de regulación de empleo iniciados a partir del pasado 27 de abril, ya que el Grupo Socialista considera prioritaria esta modificación legal. Con este límite temporal queda incluido el último ERE de Telefónica, que afectará a 8.500 trabajadores. La compañía ya anunció su disposición a asumir el coste del desempleo.

La medida afectaría a empresas con más de 500 empleados o que formen parte de grupos que empleen a ese número de personas. El ERE habrá de ser aplicado al menos a 100 trabajadores en un periodo de referencia de tres años. La enmienda socialista recoge también que no afectará a los trabajadores de 50 años o más que hayan sido objeto de recolocación dentro de la misma empresa.

Otra de las 30 enmiendas de los socialistas pretende reconocer todos los derechos de las prestaciones de la Seguridad Social a los cónyuges de titulares de negocios familiares, en los casos de separación, divorcio o nulidad. Concretamente, se refiere a los supuestos en los que quede acreditado que uno de los cónyuges ha desempeñado, durante el tiempo del matrimonio, trabajos a favor del negocio familiar sin estar dado de alta a la Seguridad Social.

Por su parte, el Partido Popular ha presentado 67 enmiendas en las que aboga por mantener la edad legal de jubilación en 65 años y 37 cotizados, a cambio de reforzar el principio de contributividad para acercar la edad real de retiro, situada en 63,4 años, a la legal. No obstante, el retraso de la edad de jubilación más allá de los 65 años sería voluntaria para el trabajador y se suprimiría la "jubilación forzosa" llegada esa edad, lo cual, según los 'populares' ofrece un "mensaje claro" de respaldo a la continuidad laboral con "incentivos adecuados".

CiU pide premiar a las familias con hijos en las futuras cotizaciones y aumentar de 112 a 256 los días reconocidos como cotizados para la futura pensión de los padres que tengan un hijo.