TRIBUNA

De notarías y candidatos

Puede constatarse que una de las manifestaciones de la crisis está siendo la disminución drástica del trabajo en las oficinas notariales, muchas de las cuales se encuentran ya bajo el nivel de cobertura de gastos, lo que, dicho de otra manera, significa que el servicio de fe pública está siendo financiado por los ahorros del notario. No obstante, quien haya seguido la inmediata campaña electoral puede haber sacado otra impresión: la de unas notarías llenas de candidatos, deseosos de hacer constar mediante acta notarial su programa, sus compromisos e incluso sus propósitos.

¿Para qué sirven esas actas? Sería fácil contestar que de muy poco. La comparecencia pública del candidato, habitualmente grabada, permitiría acreditar sus palabras por sí sola, la constancia en los medios volvería difícil discutir la fecha. Sin embargo, los requirentes son gente preparada, de la que no cabe esperar actuaciones inútiles por baratas que resulten -a precios de 1989, hoy vigentes, suele resultar menos caro recurrir al notario que a un operario manual-. Puede anticiparse que lo que buscan es revestir sus palabras con un halo de veracidad; aunque en el fondo todo el mundo sepa que el acta acredita lo que alguien ha dicho y no que lo dicho sea cierto, sin perjuicio de la responsabilidad, jurídica, política o ética, en la que pueda incurrir el mendaz.

Para comprender ese efecto no hace falta recurrir a la normativa. En cualquier sistema social las frases hechas constituyen un reflejo fiable de sus percepciones más hondas; y el idioma castellano dispone de un repertorio elocuente: "hacer de notario", "palabra de notario", "el periodista como notario de la actualidad" constituyen fórmulas sólidamente arraigadas además de expresivas. Para acuñarlas ha hecho falta muchísimo tiempo, computable en siglos; igual que se necesitaría muy poco para deshacerlas, si los notarios no se mostrasen a la altura de la exigencia. España ha conocido convulsiones de distinta intensidad, algunas muy graves. De ninguna ha derivado una pérdida de credibilidad.

Resulta instructivo repasar bajo esta óptica la abundante literatura, casi toda de origen periodístico, sobre los casos más sonados de lo que se generaliza como corrupción. Incluso en los ambientes más enrarecidos. proclives a las sospechas, cada vez que un notario aparece en sus páginas -guardando documentos, informando sobre el protocolo-, ni el autor ni los protagonistas ponen en duda que esté diciendo la verdad. Algún caso muy reciente y llamativo ha visto notarios implicados -y absueltos, con una contundencia que merecería alguna rehabilitación pública de su buena fama-. Pues bien, los acusadores cuestionaban su supuesta pasividad ante ciertos otorgamientos; pero en ningún momento insinuaron siquiera que estos pudieran no corresponderse con la realidad.

La mejor prueba de hasta qué punto nuestra sociedad tiene asumida esta fiabilidad es que, en los tiempos que corren, nos parezca normal. Lo cual conduce a plantear si no se trata de una herramienta desaprovechada. Ya hace veinte años que fue atribuida a los notarios la declaración de herederos en línea recta y a favor del cónyuge, con la consiguiente descongestión de los juzgados, sin que se hayan producido incidencias reseñables. Vicisitudes variopintas frustraron en la pasada legislatura la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que reforzaba la traslación de materias que, sin contienda entre partes, ocupan actualmente buena parte del tiempo y el espacio de nuestros juzgados.

También el nuevo urbanismo resultante del estrago inmobiliario reclama retomar muchos controles fácticos -hoy fiados a otras responsabilidades- bajo la fe de los hechos percibidos físicamente por el notario. Finalmente, urge superar el gran hándicap de nuestro sistema inmobiliario: la discordancia entre los datos del Registro y la realidad, que, tozuda como suele describirse, se resiste a acomodar las fincas a muchas superficies y linderos calculados a ojo de buen cubero hace varias décadas. Ponerlos de acuerdo a través del Catastro es un antiguo empeño de nuestras Administraciones, en el que las actas notariales han desempeñado su papel; pero siguen sobrando prevenciones -a veces la aprobación judicial, otras la libérrima calificación del Registro- impeditivo a un cambio ágil.

También se echa en falta más rigor en la tendencia judicial a aceptar medios alternativos al acta notarial -por ejemplo el burofax- con carácter de prueba equivalente; aunque resulten inservibles para acreditar muchas circunstancias que exige la valoración del caso.

Los hechos comentados en el primer medio artículo no se hayan amparados, lógicamente, por la fe notarial. Sin embargo, a todo el mundo le consta que son ciertos. El resto son secuelas de una doble observación: qué buena herramienta tenemos en este país y qué desaprovechada está.

Joaquín Borrell. Notario