El Consejo de Política Fiscal, terreno hostil para el Gobierno
El PSOE pierde fuerza también en la FEMP para la financiación local
El Consejo de Política Fiscal y Financiera es el órgano que reúne a los vicepresidentes Elena Salgado y Manuel Chaves con los consejeros económicos de las comunidades para debatir y aprobar, entre otras medidas, el objetivo de déficit autonómico o los planes de saneamiento. A principios de la legislatura, Salgado, que preside el Consejo, se sentía cómoda en una mesa de negociación en la que Andalucía, Extremadura, Cataluña, País Vasco, Asturias y Galicia contaban con Ejecutivos socialistas. Sin embargo, tras las elecciones del domingo y las celebradas con anterioridad en Galicia y Cataluña, solo Andalucía y el País Vasco -que no suele acudir a las reuniones- y quizás Extremadura se sentarán en la mesa de negociación bajo las siglas del PSOE.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera deviene así en un territorio hostil para el Gobierno en un momento en el que este órgano ha adquirido una importancia capital para alcanzar el principal reto de España: reducir el déficit del 9,24% del PIB registrado el año anterior al 6%.
Condición necesaria, no suficiente
Salgado aseguró ayer que todas las administraciones cumplirán el objetivo de estabilidad. Ello supone una condición necesaria -aunque puede que no suficiente- para alejar los fantasmas de un rescate financiero y calmar los mercados internacionales. En cualquier caso, el Gobierno ha reforzado su papel de supervisor del gasto de las comunidades, que cada vez tienen un corsé fiscal más estrecho para dirigir su política económica y tributaria.
El próximo Consejo, que debe celebrarse antes del verano, debatirá acerca de la evolución de los ingresos de las comunidades y aprobará o rechazará los planes de saneamiento de Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Valencia.
En esa mesa, los consejeros de Economía de Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja, Cantabria, Castilla y León, Baleares y Comunidad Valenciana serán del PP. Y todo apunta que los representantes de Aragón, y quizás Canarias también procederán de la estirpe de la gaviota a la espera de que fructifiquen los pactos poselectorales. Incluso en Extremadura podría instaurarse un Ejecutivo del PP si finalmente IU rechaza apoyar con sus votos al candidato socialista. Tampoco puede el Gobierno contar con Cataluña después de que CiU derrotará al tripartito catalán en 2010.
Así, Salgado deberá bregar en la mesa de negociación ante unos interlocutores que en su inmensa mayoría forman parte del principal grupo de la oposición. En cualquier caso, el Gobierno tiene asegurada la victoria en las votaciones que se produzcan. Salgado y Chaves suman los mismos votos que el conjunto de comunidades autónomas, que cuentan con un voto cada una. Así, le basta que un territorio afín como Andalucía sea favorable a las tesis del Gobierno para sacar adelante sus planes.
Por otro lado, el vuelco electoral sufrido en las municipales también provocará que el PSOE pierda el control de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), actualmente presidida por el alcalde socialista de Getafe, Pedro Castro, que también salió derrotado de las elecciones. De hecho, el PP ganó por mayoría absoluta en el 40% de municipios.
La FEMP renovará el próximo mes de noviembre su directiva, que negociará con el Gobierno la prometida reforma de la financiación local. Los municipios registraron el año pasado un déficit del 0,64% y tienen el difícil reto de reducirlo a la mitad este año.
La cifra
1,3% es el objetivo de déficit autonómico para este año, que comunidades como Cataluña o Castilla-La Mancha incumplirán con toda seguridad.