EDITORIAL

El castigo electoral no debe frenar las reformas

Como desde el propio PSOE se presagiaba antes de comenzar el recuento, el Partido Popular se impuso ayer con claridad en unas elecciones autonómicas y municipales que han supuesto una verdadera debacle para los socialistas. En los comicios locales, el partido liderado por Mariano Rajoy ha obtenido prácticamente dos millones de votos más que el PSOE y se ha convertido en la fuerza política más votada, con más del 37% de los sufragios. Los socialistas, que han sido duramente castigados, han cedido algunos de sus ayuntamientos más emblemáticos, como Barcelona frente a CiU y Sevilla frente al PP. En las elecciones autonómicas, el partido de Rajoy se ha afianzado con contundencia en las comunidades en las que ya gobernaba -Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, La Rioja y Castilla y León- y ha arrebatado otras, como Castilla-La Mancha, donde apostó muy fuerte con su secretaria general, y Baleares. Una contundente victoria en una jornada en la que la gran sorpresa ha sido la irrupción de Bildu como segunda fuerza política en el País Vasco. Los resultados confirman con más urgencia, si cabe, el proceso de apertura de primarias en el PSOE, cuya agenda tiene previsto fijar hoy la Comisión Ejecutiva Federal. Y, además, abren también importantes incógnitas sobre el calendario político de los próximos meses, algo nada aconsejable para la economía.

Pese a que la actualidad está ahora inevitablemente centrada en el análisis político y la habitual resaca poselectoral que sucede a los comicios, la coyuntura económica que vive España hace imprescindible que los elegidos se pongan manos a la obra con firmeza y sin demora. En ese sentido, la gran asignatura que las Administraciones regionales tienen pendiente es un compromiso serio y efectivo con el rigor presupuestario, que se ha convertido en frágil talón de Aquiles de las cuentas públicas españolas. En contraste con el esfuerzo llevado a cabo en materia de contención de gasto por el Estado central, nada menos que nueve comunidades autónomas cerraron 2010 con un déficit superior al exigido. Esa persistente indisciplina fiscal constituye un pesado lastre para el conjunto de la economía con el que es urgente acabar.

Si las cifras oficiales constituyen un problema, la posibilidad de que los cambios de gobierno hagan aflorar bolsas de déficit oculto en algunas comunidades autónomas constituye un factor de riesgo añadido. Como ya ocurrió en Cataluña, es hora de abrir cajones y revisar facturas, pero también de hacerlo con rigor y sin exagerar los desajustes. Es decir, con responsabilidad. Las voces de los expertos aseguran, desde muy distintos ámbitos, que en algunas arcas regionales descansa un importante número de facturas no abonadas y de pagos diferidos. De confirmarse, se trataría de una bomba de relojería financiera y de un golpe a la dura carrera por recuperar la confianza de los mercados que ha emprendido España. Sanear esas cuentas y limpiar esos balances no es tarea fácil y requerirá una buena dosis de sacrificio, pero resulta absolutamente necesario.

Pese a contar con un mapa político muy adverso, el presidente del Gobierno ha reiterado que el Ejecutivo no está dispuesto a adelantar el calendario electoral. Tiene razones para ello. Pero debe hacerlo con el objetivo irrenunciable de seguir avanzando en las reformas sin caer en la tentación del inmovilismo para no añadir mayor desgaste al que ya carga sobre sus espaldas. No ha de olvidar que las reformas emprendidas van en la buena dirección, pero que ni las instancias internacionales ni los mercados -que continúan fustigando a la prima de riesgo- las dan por terminadas. En esa agenda de trabajo por hacer -que no debe ignorar el movimiento del 15-M- destaca la reforma del sistema de negociación colectiva, cuyo retraso resulta inaceptable en un país con casi cinco millones de parados y en el que las empresas continúan obligadas a realizar los ajustes de plantilla por vía de cantidad. Resta también por culminar el proceso de saneamiento del sistema financiero, cuya sequía en la concesión de crédito no terminará mientras se siga destruyendo empleo. Son muchas e importantes las medidas que la economía necesita como presupuesto para estimular el crecimiento y salir de la crisis. A nadie debe temblarle el pulso, porque no hay tiempo que perder.