El Gobierno asegura que ya aplica en su "práctica totalidad" la directiva europea
Banco de España
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La CE exige a España que controle la política salarial del sector financiero

La Comisión Europea amenazó ayer con presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia Europeo si España no demuestra en un plazo de dos meses que está aplicando la directiva comunitaria que desde el pasado 1 de enero regula la política de remuneración en el sector financiero.

La directiva, que actualiza los requisitos de capital de la banca europea, estableció por primera vez a nivel comunitario las normas sobre remuneraciones que deben cumplir las entidades. Y facultó a los reguladores nacionales (como el Banco de España) a revisar y castigar a las que no respeten los principios fijados.

El texto se aprobó el año pasado como respuesta a los excesos salariales que, según la UE, contribuyeron a la asunción de riesgos excesivos en el sector bancario y a la quiebra de varias entidades con un efecto devastador en las cuentas públicas de los Estados.

Los 27 países de la Unión se comprometieron a aplicar los apartados de la ley relativos al control de las remuneraciones antes del 1 de enero de este año. Pero, según anunció ayer a las 12.00 del mediodía la Comisión Europea, seis países, entre ellos España, todavía no han notificado la transposición de ninguno de los elementos de la directiva a la legislación nacional.

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El ministerio de Economía y Hacienda reconoció en un comunicado a las 6.00 de la tarde que la legislación española no se ha adaptado todavía por completo a la nueva directiva. Pero aseguró que lo hará de manera "inminente" a través de un Real Decreto sobre recursos propios de las entidades financieras que está pendiente del preceptivo informe del Consejo de Estado.

El ultimátum de la CE al Gobierno español para que confirme la aplicación de la directiva coincide con las protestas en varias ciudades contra el papel de la banca en la crisis.

Ayer mismo, Pedro Guerrero, presidente de Bankinter, reconoció los excesos del sector en un foro organizado por Gestiona e IEB en Madrid. Guerrero señaló que "los bancos deben hacer su trabajo con rigor y ser prudentes", informa Eduardo G. Ercoreca.

La directiva que Bruselas urge a España a aplicar trata de imponer esa prudencia, aunque no limita ni prohíbe los bonos que escandalizaron a la opinión pública a raíz del estallido de la crisis financiera.

La norma exige que al menos el 50% de los bonos se abone en acciones o títulos cuyo valor esté vinculado a la evolución a largo plazo de la entidad. Y que el pago de al menos el 40% de los bonos se aplace durante tres o cinco años como mínimo, para comprobar los efectos de las decisiones tomadas por el ejecutivo recompensado.

La ley europea también obliga a la banca a publicar, al menos una vez al año, la remuneración de los directivos y empleados "cuyas actividades inciden de manera importante en el perfil de riesgo de la entidad".

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Los reguladores vigilarán el cumplimiento de esos principios. Y, según la directiva, podrán imponer "sanciones, financieras o de otra índole (..) eficaces, proporcionadas y disuasorias" a las entidades con una política de incentivos para sus ejecutivos que lleven "los riesgos hasta un nivel inaceptable".

El regulador podrá prohibir o restringir el uso de instrumentos de retribución que considere perniciosos, así como obligar a una entidad a modificar su estructura de remuneración. O congelar el desembolso de la parte variable de un determinado ejecutivo.

El Ministerio de Economía aseguró ayer en su comunicado que el Banco de España "ya tenía, y ejercía de manera efectiva, capacidad de supervisión de las remuneraciones de los directivos del sector financiero". Y añadía que, en todo caso, las nuevas obligaciones de la directiva se aplican en España con carácter retroactivo desde el 1 de enero, porque, según el Ministerio, fueron recogidas en la Ley de Economía sostenible y del 4 de marzo y en la Ley sobre obligaciones de información de los intermediarios financieros de 11 de abril.

Los límites

1 La directiva no pone techo a los bonos, pero establece normas sobre su composición.

2 Solo la mitad del bono, como mucho, podrá pagarse en metálico. El resto, en acciones.

3 El 40% del bono, como mínimo, se cobrará con un retraso de entre tres y cinco años como mínimo.

4 El cobro de la parte aplazada podrá cancelarse si la situación de la entidad ha empeorado.