Las comunidades afrontan el reto titánico de recortar a la mitad su déficit
Los programas electorales de los grandes partidos, PSOE y PP, rehúyen el término recortes. En su lugar, prometen distribuir el gasto autonómico de forma más eficiente y eliminar gastos superfluos. Sin embargo, se trata de medidas insuficientes ante el reto que tienen delante: recortar a la mitad su déficit público, lo que supone un ajuste de 16.000 millones de euros.
El problema es fácil de diagnosticar pero terriblemente difícil de solucionar. Los ingresos autonómicos se han derrumbado con la crisis económica mientras que los gastos o han crecido o se han reducido mínimamente. Una fatal ecuación que amenaza con hacer descarrilar la senda de reducción del déficit impuesta por Bruselas.
El deterioro de las finanzas públicas es tal que en las campaña electorales han desaparecido las promesas de grandes inversiones públicas. Ahora, todos los candidatos hacen hincapié en que gastarán mejor los recursos. La palabra eficiencia se impone en los programas electorales. Nadie se atreve a hablar de recortes, pero todo indica que la realidad se impondrá y los nuevos Ejecutivos no tendrán más remedio que coger las tijeras presupuestarias.
No hay otro camino. Los datos son contundentes. El déficit autonómico alcanzó el 2,83% del PIB cuando el objetivo de estabilidad fijaba el nivel máximo de números rojos en el 2,4%. Y, para este año, las comunidades tienen la difícil obligación de reducirlo hasta el 1,3%. En números absolutos supone recortar el déficit en 16.000 millones de euros, una tarea titánica. Las comunidades jamás se han enfrentado a un reto igual.
No basta con eliminar gastos superfluos para reducir los números rojos del 2,83% del PIB al 1,3%
Tanto socialistas como populares aseguran en sus respectivos programas electorales que eliminarán los gastos superfluos. Un buen propósito que, sin embargo, resulta insuficiente para reducir las partidas presupuestarias en 16.000 millones. El PP también reclama fijar por ley límites a la deuda pública y al déficit.
Montoro y los cajones
El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, mostró ayer su temor a que tras las elecciones aparezca "deuda no reconocida en los cajones". El Gobierno socialista, por su parte, plantea que cualquier incremento de los ingresos por encima de lo previsto se destine exclusivamente a rebajar la deuda. Además, establece que el gasto de las Administraciones "no podrá superar la tasa de crecimiento a medio plazo de referencia de la economía española".
La difícil situación económica ha provocado fuertes tensiones entre los Ejecutivos autonómicos y el Gobierno central, a pesar de que el modelo de financiación aprobado en 2009 supuso un incremento de los recursos. Actualmente, Madrid o Cataluña reclaman cobrar ya el fondo de competitividad, mientras que Economía prevé ingresar ese dinero dentro de dos años, cuando se liquide el ejercicio de 2011. Madrid y también Castilla-La Mancha han recurrido la decisión del Gobierno ante los tribunales.
En cualquier caso, nunca antes el Ministerio de Economía había ejercido un control tan férreo sobre las comunidades. La vicepresidenta Elena Salgado sabe que la posibilidad de cumplir el objetivo de déficit depende en buena medida de las autonomías. Por ello, exige que los territorios presenten planes de saneamiento si quieren elevar su nivel de deuda, un recurso imprescindible en momentos como los actuales en que los gastos superan los ingresos.
Más ajustes presupuestarios
De momento, el último Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó los planes de reequilibrio de Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Murcia. Con la excepción de Galicia, en el resto de estas comunidades se celebran elecciones. Ello significa que los Ejecutivos que salgan elegidos tendrán un limitado poder de acción, ya que deberán seguir las pautas de sus respectivos programas de saneamiento, que incorporan importantes ajustes.
Por otro lado, Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana no lograron el beneplácito de Salgado a sus planes de reequilibrio y serán los nuevos Gobiernos que se formen tras el 22-M los que aprueben los recortes que exige Moncloa. Cataluña y Andalucía -donde no se celebran elecciones este fin de semana- también siguen negociando con Salgado los pormenores de su plan de plan de saneamiento. Así, la nuevos ajustes están a la vuelta de la esquina.
La cifra
10,9% es el porcentaje sobre el PIB que alcanzó la deuda pública autonómica. Supone 115.455 millones, la mayor cifra jamás registrada.
