Amenazan con demandar al Estado tras la multa de Competencia

Las eléctricas alegan ante la CNC que pactaron precios a petición de Industria

El pacto de precios para el suministro a los grandes consumidores industriales, que ha costado a las eléctricas una fuerte sanción de la CNC, fue inducido por el Ministerio de Industria. Así lo alegaron las empresas en el expediente de Competencia, que no considera probada dicha instigación.

Sede de Comisión Nacional de la Competencia
Sede de Comisión Nacional de la Competencia

El expediente sancionador de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que se ha saldado con fuertes multas a las cinco grandes eléctricas y a su patronal, Unesa, por un total de 61,2 millones de euros, incluye duras alegaciones de las empresas afectadas, en las que implican al Ministerio de Industria en una de las conductas ilícitas de las que les ha acusado este organismo: un pacto de precios a través de Unesa.

En la citada resolución, a la que ha tenido acceso CincoDías, Competencia las declara culpables de conductas colusorias prohibidas por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y el 101 del Tratado de la Unión Europea. Concretamente, de obstaculizar el trasvase de clientes en las semanas previas a la liberalización del mercado, en julio de 2009, y de cártel.

Este último caso se refiere a las negociaciones que las eléctricas mantuvieron a partir de marzo de 2006 para fijar las condiciones de un contrato en el mercado libre para los grandes consumidores integrados en AEGE. Estos temían un fuerte encarecimiento de la electricidad con la desaparición de sus tarifas (lo que se produjo a partir del 1 de julio de 2008). En ella participan las grandes empresas de los sectores siderúrgico, cementero, metales, gases y papel.

La CNC considera probada la coordinación de Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y Eon España para pactar las condiciones de un contrato de suministro (con plazo, precios, etc.) para estos grandes clientes a través de la amplia documentación que requisó durante el registro que realizó en la sede de Unesa en noviembre de 2009. Pero las compañías alegan que actuaron a petición del Ministerio de Industria, con el que se mantuvieron numerosas reuniones en este sentido.

Según indica la resolución, Unesa afirma que "fue la propia Administración quien reclamó que ambas partes llegaran a un acuerdo fijando las normas que debían seguir y los objetivo a alcanzar". Por eso, la patronal "hizo estudios sobre escenarios de subida y potencial impacto sobre los clientes".

En general, las eléctricas se defienden asegurando que fue el ministerio el que dio las pautas "que debían regir" en los contratos "y convocó las reuniones". Iberdrola detalla los contactos y cita una comparecencia del ministro de Industria en el Congreso.

En este sentido, esta compañía junto con Endesa, advierte que si, pese a su defensa, "se las considera culpables, se reservan el correspondiente ejercicio de responsabilidad patrimonial ante el Estado". Antes acudirán a la Audiencia Nacional y, en su caso, al Supremo.

Industria, por su parte, señala en su defensa, que cumplió con su deber al animar a que se mantuvieran contactos regulares entre las dos asociaciones y al elaborar la normativa del sector. Sin embargo, las eléctricas fueron más allá, según la CNC, al acordar precios y condiciones comerciales entre competidores, algo que prohíbe la ley.

De su responsabilidad no les exime ni el que se tratara de pactos para el mercado libre cuando aún había tarifas, ni "la confianza legítima" que alegan las empresas. Estas justifican su actuación en que el ministerio convocó y promovió las reuniones y dio consignas a Unesa para la contratación. La pasividad de la Administración no justifica el comportamiento anticompetitivo del que son responsables, según la CNC. Además, añade, "no hay evidencia" de que el ministerio instara a las empresas "a pactar las condiciones de los contratos" ni de que les dijera que su conducta era legal.

El organismo obvia sendos informes del ministerio y la CNE

Pese a la trascendencia política de la acusación de cártel que pesa sobre las eléctricas y del hecho de que estas hayan implicado a Industria, esta infracción solo ha sido sancionada con un 1% del volumen de ventas afectadas: 11,4 millones sobre los 61,2 millones que la CNC les ha impuesto. La multa más grave (un 10% del volumen de ventas), corresponde a otra infracción: la obstaculización del cambio de suministrador, que se prolongó de mayo de 2007 a julio de 2009, y que fue denunciada primero por Centrica y después por la Asociación de Comercializadores Independientes. Esta puso en conocimiento del organismo que las eléctricas habían cortado las operaciones telemáticas para el cambio de clientes en los días previos a la liberalización, en julio de 2009.

De hecho, el comité de directores de Unesa acordó en una de sus reuniones "no atender ningún requerimiento de Centrica". En ese caso, las eléctricas respondieron que no es Unesa la que da a acceso al cambio, sino sus asociados. Aunque la CNE e Industria apoyaron a las firmas en el proceso con sendos informes que reconocen las dificultades técnicas del trasvase de clientes en aquellas fechas, la CNC no lo tiene en cuenta e intenta probar con datos la escasa competencia del sector. Y no acepta las alegaciones de las empresas sobre su derecho de asociación, su indefensión y la falta de pruebas de una posible concertación.

Según la CNC, ese derecho no exime del cumplimiento de las normas a una asociación, y para que se produzca concertación no hace falta un acuerdo explícito y concreto, "como pretenden las empresas". æscaron;nicamente, que las conductas "tengan como objeto o puedan tener el efecto de restringir la competencia en el mercado."

Expediente a correos

El organismo que preside Luis Berenguer anunció ayer que ha abierto un expediente a la empresa pública Correos por su negativa a dar acceso a su red postal a las notificaciones administrativas depositadas por otros operadores. Esta conducta ha sido denunciada por la Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia.

Un acuerdo que "les perjudicaba"

La CNC considera acreditado que, desde 2006, y a través de Unesa, las eléctricas debatieron y adoptaron posiciones comunes sobre las condiciones comerciales para los grandes clientes cuando se produjera la liberalización del mercado. Además, desde ese mismo año reclaman que se acelere la desaparición de las tarifas para la gran industria, que no era más que una "subvención" encubierta para unas empresas con rentabilidades más elevadas que las de las propias eléctricas.

El proceso no fue fácil, pues, a raíz del informe de la CNE sobre los beneficios llovidos del cielo de la nuclear y la hidráulica, la gran industria reclamó contratos bilaterales "ligados a costes de tecnologías baratas".

En sus alegaciones ante la CNC, las cinco grandes eléctricas consideran que no hubo voluntad anticompetitiva y varias señalan incluso que "se veían perjudicadas con la negociación instada por la Administración". ¿Por qué, pues, admitieron las peticiones del ministerio, que, a su vez, recibió presiones y amenazas de deslocalización de los grandes industriales?

En un documento de junio de 2008 citado en la resolución, Unesa se compromete a firmar contratos a largo plazo con los tres grandes clientes (ArcelorMittal, Asturiana de Zinc y Alcoa) y los menores con problemas de viabilidad, "en el marco de la derogación del real decreto ley 11/2007, una polémica norma que les restaba fuertes ingresos por los derechos de CO2, que se derogó en 2009.