El repunte del gasto sanitario obligará a retocar los presupuestos regionales
El envejecimiento y el crecimiento de la población han elevado el gasto que las autonomías destinan a Sanidad. En muchas de ellas este ya supone el 50% del presupuesto. Los expertos temen que, si se producen cambios de Gobierno, puedan aflorar déficits ocultos como el de Cataluña.
Desde que fue nombrado presidente de la Generalitat de Cataluña a finales de noviembre, Artur Mas ha tenido que lidiar con un déficit oculto durante el anterior mandato del tripartito que le obligará a reducir en un 10% (4.000 millones) el presupuesto para 2010. Y de ese recorte, una cuarta parte corresponderá al gasto sanitario, que se traducirá en menos camas disponibles, en el retraso de intervenciones, en la ampliación de las listas de espera o en la menor reposición de la tasa de empleo.
Mas ha sido el único que se ha atrevido a tocar el gasto sanitario y lo ha tenido que hacer ante la presión del Ministerio de Economía, que le amenazó con no dejarle emitir deuda y con exigirle más reducción de gasto en su plan de reequilibrio para recomponer unas cuentas autonómicas, cuyo déficit llegó al 3,86% en 2009 cuando el límite era del 2,4%.
Los expertos no descartan que otras comunidades, en el caso de que se produzca un cambio de Gobierno, afloren déficits ocultos, lo que obligará a reducir aun más el gasto sanitario.
Ante lo impopular de la medida, una gran parte de las comunidades se están empleando a fondo para poner en marcha otras medidas recomendadas por los expertos para mitigar el repunte del gasto, como las compras centralizadas de material, la rebaja en la factura de compra de fármacos o un mayor control del absentismo laboral para frenar el gasto en suplencias y bajas (los recursos humanos suponen el 43% del total del gasto sanitario).
Copago sanitario
Sin embargo, ninguna, incluso Cataluña, se ha atrevido a poner en marcha el copago sanitario, considerado por los expertos como el mecanismo más eficaz para recortar un gasto sanitario que se ha disparado hasta los 66.621 millones de euros, lo que representa un 6% del PIB.
El copago consistiría en el pago de una pequeña cantidad cada vez que se asista a un especialista o al servicio de urgencias. También se abonaría una pequeña cantidad en función del número de días que se ocupe una cama o de las comidas que se disfruten. Esta opción ya existe en la gran mayoría de países de la zona euro, como Alemania, Bélgica, Italia o Portugal.
El economista Guillem López, de la Universidad Pompeu Fabra, asegura que los copagos son compatibles con la idea de universalidad. "Universalidad no quiere decir todo para todos gratis, sino que todo el mundo es elegible en razón de su situación de renta o de sus necesidades", remarca. Ante la oposición de un gran número de regiones, la alternativa más plausible parece la creación de un impuesto finalista que financie la sanidad, tal y como ocurre con el céntimo sanitario, que proporciona 1.400 millones al año. Hasta este año tan solo seis comunidades (Madrid, Cataluña, Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Galicia) aplicaban el tramo autonómico de este tributo y en 2011 ya se han unido Andalucía, Extremadura y Murcia.
Este impuesto de nueva creación también podría servir, tal y como han reclamado las patronales Farmaindustria y Fenin, para reducir la elevada deuda que tienen las autonomías con la industria sanitaria, que se elevó a 6.875 millones a finales de 2010.
Sueldos por méritos y una sola tarjeta sanitaria
El grado de concreción de los programas electorales de los principales partidos es muy bajo. Abundan las declaraciones de buenas intenciones pero ni PP ni PSOE se mojan con compromisos detallados habida cuenta de que la sanidad, por el elevado gasto que representa, puede ser objeto de recortes.El PP considera que el Gobierno del PSOE "ha fomentado el nacimiento de 17 sistemas sanitarios". Los populares están decididos a acabar con esta situación, por lo que cooperarán para "reducir las diferencias interregionales" y "la igualdad en el acceso a las prestaciones con una verdadera cartera común de servicios". Una medida concreta será la implantación de una tarjeta sanitaria única para todo el Estado. También el PP pondrá en marcha planes integrales de atención a la salud mental y una nueva política farmacéutica, y potenciará la participación de los pacientes en la sanidad.Los populares implantarán también un sistema de retribuciones variables en función del mérito y la productividad para todos los empleados sanitarios.En el caso del PSOE, en su apuesta por el desarrollo y la garantía de los servicios públicos, se apuesta por perfeccionar a través de acuerdos entre comunidades "la atención sanitaria plena a los ciudadanos que se trasladan entre comunidades, incluyendo la posibilidad de acceder al centro sanitario más próximo al domicilio, independientemente de la comunidad autónoma en que se resida".