La cuantía de 61,2 millones es, en parte, por prácticas de cártel

La CNC impone a las eléctricas la mayor multa del sector energético

La investigación iniciada por la CNC en 2009 sobre los "pactos restrictivos de la competencia" de las cinco empresas eléctricas integradas en Unesa ha concluido con dos sanciones a cada una y otra a la patronal, que suman 61,2 millones en total. De estos, 48,2 millones corresponden a Endesa e Iberdrola.

La investigación que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) abrió en junio de 2009 contra las cinco grandes eléctricas que integran Unesa, y que incluyó el registro domiciliario de la sede de la patronal en noviembre de ese año, se ha saldado con dos sanciones a cada empresa por infracciones muy graves contra la libre competencia y otra a la propia asociación. En total, 61,2 millones, de los cuales 900.000 corresponden a Unesa.

Las multas, acordadas por el consejo de la CNC y comunicadas el viernes a las empresas afectadas, responden a dos tipos de infracción: la primera (en total, 49,8 millones de euros) por obstaculizar el trasvase de clientes y la segunda (11,4 millones) por pactar precios para los grandes consumidores industriales (los de la antigua tarifa G-4). En el primer caso, la multa ha sido la mayor que establece la normativa: un 10% del volumen del negocio, esto es, de las ventas de energía a pymes y clientes domésticos (en el caso de Gas Natural Fenosa, un 5%). En el segundo caso, la sanción es mucho menor: un 1% de las ventas afectadas.

Por tanto, las multas se reparten en función del tamaño de cada empresa (ver cuadro), por lo que a Endesa y a Iberdrola les corresponde el grueso, 48,2 millones.

Las cinco grandes del sector y Unesa fueron acusadas hace un año por la Dirección de Investigación de la CNC de pactos reiterados para restringir el libre mercado (que incluía acuerdos para fijar precios) y entorpecer la liberalización del mercado eléctrico que se inició en julio de 2009. Para ello "utilizaron un foro tan idóneo para ellas", como la sede de su propia asociación, tal como señalaba el Pliego de Concreción de Hechos elaborado por dicha dirección, que desveló CincoDías. Era la primera vez que a las eléctricas se las acusaba de cártel y calificaron de "la máxima dureza" el informe de los técnicos.

La investigación tuvo su origen en una denuncia de la Asociación de Comercializadores de Energía (ACIE) en la que acusaba a Endesa e Iberdrola de haber pactado, mediante comunicaciones escritas, el cierre de su canal web para impedir el cambio de suministrador en las últimas semanas de junio de 2009.

De esta manera, obstaculizaron el trasvase hacia el mercado libre de clientes que se quedaban sin derecho a la Tarifa de último Recurso (TUR), que entraba en vigor el 1 de julio de ese año. Y de aquellos que teniendo este derecho a la TUR podían haber elegido otro comercializador de último recurso. La CNC amplió el expediente al resto de las empresas, tras comprobar "que también habían enviado notas similares".

Ya en agosto del año pasado, la Dirección de Investigación de la CNC propuso al consejo que se las declarara culpable de dos infracciones: de haber denegado los datos para dificultar el acceso a la información sobre sus clientes por las comercializadoras independientes, actuaciones que se realizaron "en el seno de Unesa", y de haber acordado precios y otras condiciones de mercado ante la desaparición de la tarifa de los grandes clientes que se produjo el 1 de julio de 2008.

En una nota de prensa remitida el viernes, la autoridad de la competencia declara que estas compañías "son responsables de sendas infracciones (..) por haber obstaculizado el cambio de comercializador en el mercado libre y haber tratado de fijar precios a los grandes clientes" tras desaparecer sus tarifas reguladas.

Una vez recibidas las alegaciones de las afectadas, el consejo del organismo que preside Luis Berenguer, considera "acreditadas" unas prácticas que califica de "muy graves". La concertación, además de imponer fuertes barreras de entrada al mercado, "reduce la intensidad competitiva entre ellas", subraya. De hecho, añade, las pruebas demuestran que estas compañías "se han centrado en captar clientes en las zonas de su propia distribuidoras". También se las acusó de elaborar un contrato tipo y un modelo de factura eléctrica semestral.

Casi un año de alegaciones por parte de las empresas

Desde que recibieron el Pliego de Concreción de Hechos elaborado por los investigadores de la CNC, las eléctricas han dispuesto de casi un año para presentar alegaciones. Sobre la primera acusación, la de haber obstaculizado el trasvase de clientes en el mercado libre, al pactar el cierre de su canal web en los días previos a la entrada en vigor de la liberalización, las empresas han argumentado que este "corte de operaciones" respondió a razones puramente técnicas y fue exclusivamente interno. Fuentes empresariales aseguran que el Ministerio de Industria también ofreció esa misma explicación a la CNC.

Las alegaciones respecto a ese punto no han servido de mucho, pues el consejo de la CNC ha decidido imponerles la máxima sanción posible. Sí se han aligerado, sin embargo, las acusaciones de pacto de precios, que se han traducido finalmente en una sanción equivalente al 1% de las ventas afectadas.

Las afectadas irán a la Audiencia, pero deben avalar las sanciones

Las cinco grandes eléctricas y su asociación Unesa recurrirán las sanciones que les ha impuesto la CNC ante la Audiencia Nacional y, de no serles favorable esta instancia, acudirán, como otras veces, ante el Tribunal Supremo.

En cualquier caso, deberán pagar previamente las multas o, en su defecto, presentar los correspondientes avales por los 61,2 millones de euros que les ha impuesto Competencia, de los cuales, 11,4 millones corresponden a las multas por pacto de precios y, el resto, por dificultar el cambio de comercializador en el mercado libre.

Las empresas consideran que en el proceso de alegaciones, la CNC no ha tenido en cuenta dos informes que les resultaron favorables: uno remitido por el Ministerio de Industria y otro aprobado hace un año por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que consideraba exageradas muchas de las acusaciones.