La apertura del juicio oral se dictó en 2009

El juicio de Sintel se celebrará una década después de la quiebra

La Audiencia Nacional celebrará a finales de 2011 el juicio contra los ocho acusados de la quiebra hace diez años de Sintel, antigua filial de Telefónica

Así lo indicaron a Efe fuentes de la Audiencia Nacional, que señalaron también que los acusados se enfrentan a abultadas penas de prisión por insolvencia punible, delito societario y delito contra la Hacienda Pública y a una posible compensación de hasta 296,5 millones de euros.

El magistrado de la Sala de lo Penal José Ricardo de Prada será quien previsiblemente dé comienzo en otoño las sesiones del juicio del caso Sintel, empresa que se declaró en quiebra el 14 de mayo de 2001, por lo que mañana se cumple el décimo aniversario.

La fijación de la fecha del juicio oral se ha retrasado mucho, ya que el juez instructor Santiago Pedraz dictó su apertura en junio de 2009, pero no pudo comenzar por la complejidad del proceso y la dificultad de localizar a acusados y a decenas de testigos.

La Fiscalía Anticorrupción ha aprovechado la demora para embargar los activos de algunos de los acusados (el exdirector financiero de Sintel, Pedro José Novela, y el consejero de la empresa Alfredo Flórez), ante la falta generalizada de fianzas que cubran las posibles indemnizaciones para los 1.828 trabajadores de Sintel afectados por la quiebra.

El Ministerio Fiscal, representado por José Grinda, tiene también en su punto de mira a los empresarios Jorge Mas Santos y Juan Carlos Mas Santos y a su grupo MasTec, utilizado supuestamente para distraer cantidades de Sintel.

Grinda confía en que EEUU embargue cuentas y activos de ambos hermanos y del resto de acusados residentes en aquel país, así como de MasTec Inc, la cotizada estadounidense sucesora de la empresa que compró Sintel a Telefónica en 1996 (MasTec Internacional).

También sigue la pista de la antigua Sintel International, actual Neduc Corp, que se cree domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, por lo que Anticorrupción reenviará próximamente una comisión rogatoria para solicitar que se embarguen sus bienes y se aseguren posibles responsabilidades.

Posible rebaja de penas

El Ministerio Fiscal ha mostrado su disposición a bajar las peticiones de penas de cárcel solicitadas para los ocho acusados, que oscilan entre dos años y seis meses y cinco años y seis meses de prisión, si reparan el daño causado a los perjudicados por la quiebra de Sintel, sobre todo, los antiguos trabajadores.

Hasta el momento, el único acercamiento entre la familia Mas y los antiguos empleados de Sintel se produjo en la primavera de 2010 con un ofrecimiento de una indemnización 10 millones de euros, que fue rechazada por los trabajadores, que venían exigiendo 296,5 millones. Anticorrupción solicitó un mínimo de 115 millones en su escrito de acusación.

Los empleados, que estuvieron durante 187 días acampados en el Paseo de la Castellana (Madrid) para reclamar el pago de sus nóminas, recuerdan que MasTec Inc ganó 90,4 millones de dólares sólo en 2010, cuando obtuvo unos ingresos de 2.308 millones.

La Audiencia Nacional empezó a investigar la quiebra de Sintel en 2001, tras la presentación de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, que un año después se dirigió también contra todos los miembros presentes en el consejo de administración de Telefónica en 1998.

Ese año se celebró un contrato entre la operadora y MasTec, en el que se utilizaba a la propia Sintel como aval para pagar la compra, acordada en 1996.

Entre los ocho acusados no figura ya ninguno de los exdirectivos de Telefónica, contra los que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobreseyó las actuaciones de forma definitiva en enero de 2009.

Además de los hermanos Mas Santos, están acusados los presidentes de MasTec Internacional, Juan Antonio Casanova y Ricardo Campos, el apoderado de MasTec José Miguel Sariego y el vicepresidente de MasTec, Joel-Tomas Citron, así como Novela y Flórez.