Sin paralelismo con el proceso de 1983

El Gobierno descarta expropiar empresas de Nueva Rumasa

El Gobierno considera que no se dan los supuestos legales de utilidad pública e interés social para proceder a la expropiación de empresas de Nueva Rumasa y cree que no cabe establecer un "paralelismo" con el proceso iniciado en 1983 sobre Rumasa, que se efectuó en aras de "la defensa de la estabilidad del sistema financiero".

"Obviamente esta justificación no puede aducirse en este caso", señala el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, al diputado de IU Gaspar Llamazares, quien interrogaba al Gobierno acerca de la situación de la empresa extremeña Carcesa, perteneciente al grupo propiedad de la familia Ruiz-Mateos.

En este sentido, el Gobierno recalca que "no se ha evaluado" la posibilidad de gestionar esta empresa con instrumentos del sector público estatal.

"Hipótesis que no se considera"

Tampoco se ha planteado la opción de intervenirla y designar un administrador para garantizar su continuidad, pues al estar incursa la compañía en un proceso concursal, "las decisiones las debe adoptar el juez".

Por último, y ante la sugerencia de Llamazares de adjudicar la gestión de la empresa a los propios trabajadores, el Ejecutivo recalca que la adjudicación sólo sería posible si la Administración General del Estado se convierte en titular de la sociedad, "hipótesis que no se considera".

Decenas de inversores se querellan contra la familia Ruiz-Mateos

Un grupo de unos 60 titulares de pagarés de Nueva Rumasa, asesorados por el despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados, ha presentado este lunes ante la Audiencia Nacional una querella contra el fundador del grupo, José María Ruiz-Mateos, sus seis hijos varones y siete sociedades propiedad de la familia por los presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, administración desleal y delito contra los intereses de los consumidores.

La querella, a la que previsiblemente se adherirán más inversores, ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de este tribunal, según informaron a Europa Press en fuentes del bufete de abogados.

Los afectados, que suman inversiones en pagarés por valor de unos diez millones de euros, plantean además en la querella la responsabilidad civil subsidiaria del Estado por los daños y perjuicios sufridos.

Vicente Tovar, abogado de la firma andaluza, considera que en las campañas para captar inversiones particulares puede existir un engaño en la "apariencia" de holding que la familia da a su grupo de empresas, dado que en las emisiones de pagarés responden sólo las sociedades emisoras y no el grupo Nueva Rumasa, que no existe como tal, algo que, según afirma, no se detalla en la publicidad.