Páginas y más páginas del Boletín Oficial del Estado

Nunca antes el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha dedicado tantas páginas como en los últimos tres años a publicar declaraciones de insolvencia en España. Como si se tratara de un diario necrológico, el BOE recoge día a día decenas de comunicaciones de compañías en concurso de acreedores. De los menos de 1.000 casos de empresas declaradas en concurso registrados en 2006 se ha pasado a rozar los 6.000 en los últimos dos años. Y las previsiones apuntan a que en 2011 la cifra será, al menos, igual a la de 2010.

Tras esos anuncios se encuentran empresas, en muchos casos familiares, de pequeño tamaño, en situaciones dramáticas que, como obliga la ley, comunican su situación de insolvencia a un juez. A partir de ahí será un administrador nombrado por el magistrado quien gestione la compañía, normalmente junto con sus propietarios.

El objetivo de la ley concursal es tratar de mantener con vida la compañía y que esta llegue a un acuerdo con sus acreedores para ir devolviendo las deudas y que todos los acreedores tengan los mismos derechos a la hora de reclamarlas. Pero, ocurre en más del 90% de los casos, de acuerdo a las estadísticas, la compañía en cuestión será liquidada.

La estadística concursal muestra el efecto de la crisis inmobiliaria y financiera en la economía española. El estallido de la burbuja inmobiliaria en España, entre 2006 y 2007, provocó que por vez primera, en 2008, se superara el millar de empresas declaradas en concurso de acreedores. Las empresas relacionadas con el sector inmobiliario dispararon esas estadísticas. Ahora son cada vez más compañías de sectores distintos -alimentación, viajes, textil- las que comunican su situación de insolvencia.

El aluvión de empresas que presentan declaración de concurso ha atascado la actividad procesal en los juzgados. España no estaba preparada ni regulatoriamente ni administrativamente para afrontar una crisis empresarial como la actual. La Administración ha respondido con reformas de la ley concursal (la de 2008 y la que ahora se está cerrando) y sumando medios en los juzgados. Y no ha sido suficiente. Una visita a un juzgado mercantil, en el que hay que ir esquivando las cajas con documentación sobre compañías insolventes, permite hacerse una idea de la presión a la que son sometidos diariamente los funcionarios, abogados y magistrados dedicados al asunto concursal.

La nueva reforma de la ley concursal estaba anunciada para antes de verano pero, de acuerdo a expertos en la materia, dado el alto número de revisiones a la que está siendo sometida no será efectiva previsiblemente hasta el último trimestre del año.