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Lucha contra la economía sumergida

El plan para aflorar empleo ilegal se queda en una subida de las sanciones

El Gobierno aprobó el viernes el plan para aflorar empleo sumergido, pese a no contar con el consenso de los agentes sociales. La idea de fondo es, según el titular de Trabajo, Valeriano Gómez, relativamente sencilla: "Se anticipa que durante tres meses se mantendrán las actuales sanciones a las empresas en caso de que tengan empleados en situación irregular, y que pasado ese tiempo se endurecerán las penalizaciones de manera muy significativa".

Gómez insistió en que el periodo de gracia, que va desde la entrada en vigor del decreto-ley hasta el próximo 31 de julio, "no es una amnistía". El margen de tiempo se ha dado "para no sorprender a las empresas: simplemente tienen que saber que dentro de tres meses habrá aumentos de hasta el 300% en las sanciones", agregó.

El Gobierno, pues, ha rectificado su propuesta inicial de eximir del pago de multas a las empresas que pongan en regla a su plantilla durante el periodo de gracia. Y, según el ministro, sigue sin haber un objetivo en cuanto al volumen de trabajadores a regularizar.

La patronal, por su parte, emitió el viernes un comunicado en el que rechazó que las sanciones se endurezcan de manera indefinida y criticó que el plan "debería ir ligado a aspectos fiscales y no solo a cambios laborales". El Consejo de Ministros aprobó, de manera paralela a dicho plan, una ley de reforma de la Inspección de Trabajo que reordena sus competencias. No prevé, sin embargo, el incremento de recursos, la gran reclamación de los sindicatos.

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