El juez aprueba la liquidación de Marsans
El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha aprobado el plan de liquidación del grupo Marsans, que fue declarado insolvente en junio de 2010, con las modificaciones propuestas por los administradores concursales, que avisan de que los ingresos por la venta de activos no servirán para pagar a los acreedores.
En un auto publicado hoy, la juez Ana María Gallego también ha abierto la sección para dirimir las responsabilidades por el abultado agujero patrimonial que acumula el grupo turístico (424,4 millones), que según los administradores concursales se debe a la actuación de los antiguos dueños -Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual- y el nuevo propietario -Posibilitumm-.
Ante las elevadas posibilidades de que sean considerados culpables de la situación del grupo, Díaz Ferrán, Pascual y Posibilitumm han sido sometidos ya a un embargo cautelar de bienes por valor de los 424,4 millones de déficit, aunque las cuantías requisadas son mínimas.
La liquidación del grupo Marsans era inevitable desde que Posibilitumm la solicitó en septiembre de 2010 ante la falta de actividad comercial.
En el escrito de modificación del plan de liquidación anticipada, los administradores concursales -el letrado Edorta Etxarandio y los economistas Rafael Martín y Pedro Tortosa- ya advirtieron de que los ingresos de la venta de los inmuebles y de los activos de la empresa turística servirán para pagar básicamente los gastos del propio proceso de liquidación y los importes adeudados a los trabajadores.
En concreto, la administración concursal señaló que "todo el producto de la liquidación se destinará, insuficiente, al pago de créditos contra la masa", que son los primeros que se abonan en todo concurso de acreedores, y que surgen de los costes del propio proceso, como los salarios e indemnizaciones de los trabajadores despedidos.
Todos esos costes estaban cuantificados en Viajes Marsans en 37 millones de euros a diciembre de 2010, y procedían mayoritariamente del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que acometió en julio la empresa y que afectó a la plantilla, compuesta por unos 1.400 trabajadores.
No obstante, la cuantía se ha incrementado debido a que el pasado mes de enero Viajes Marsans despidió a los 29 trabajadores que todavía permanecían en la plantilla, entre los que figuraban varios directivos vinculados a Posibilitumm, que compró el grupo Marsans a Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual unos días antes de que fuera declarada en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).
Los salarios pendientes desde que se declaró el concurso de acreedores, en junio de 2010, y las indemnizaciones correspondientes a los ERE se consideran siempre créditos contra la masa, así como el pago de tributos y cotizaciones de Seguridad Social.
De esta manera, los acreedores de la agencia de viajes no pueden albergar la perspectiva de cobrar una mínima parte de lo que se les debía.
Según los datos provisionales de activos y pasivos, Viajes Marsans soportaba un déficit de 271 millones, debido a que tenía un pasivo de 552 millones (sin incluir los créditos contra la masa), frente a un activo teórico de 281 millones de euros, que caería en picado en el caso de una liquidación.
Dentro del grupo Marsans se incluyen otras compañías en concurso de acreedores, como Tiempo Libre, que acumulaba un déficit de 61,25 millones, con un pasivo superior a los 78 millones de euros, seguida de Viajes Crisol, con un agujero de 24,39 millones debido a un pasivo de 25 millones.
Por su parte, el déficit patrimonial de Rural Tours ascendía a 15,11 millones, fruto de la diferencia de unas deudas de 16 millones y de un activo de activo de 89.000 euros.
En las modificaciones planteadas al plan de liquidación, la administración concursal detallaba que la mayoría de activos corresponden a mobiliario de difícil venta, que está localizado en las oficinas de la firma (de las que 140 están pendientes de rescisión de los contratos de alquiler).
Las modificaciones al plan de liquidación también muestran que los administradores concursales concluyen que la marca "carece de valor".