Fondo de Capitalización del despido

El 'modelo austriaco' puro sale en España por 52.000 millones

Extender el Fondo de Capitalización a todos los empleados con su antigüedad tendría un coste astronómico.

La reciente reforma de las pensiones y las negociaciones de los agentes sociales para modificar la estructura de los convenios colectivos han alejado del foco mediático uno de los aspectos más novedosos de la reforma laboral de 2010. Seguramente sea, además, el más complicado y costoso de desarrollar: el Fondo de Capitalización del despido.

El proyecto de ley de la reforma laboral, aprobada en septiembre por el Congreso, estableció el compromiso de crear un fondo individual para los trabajadores, alimentado con cotizaciones empresariales, al que el empleado podrá acceder si ve rescindido su contrato. Basado en el llamado modelo austriaco, dicho fondo deberá estar listo en junio y entrar en funcionamiento el 1 de enero de 2012. La idea del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, es que contenga el equivalente a una indemnización de ocho días por año trabajado de los contratos que se firmen a partir de entonces (lo que hasta ahora venía cubriendo el Fogasa).

Con todo, los detalles de su constitución aún no se conocen. Dependerá en buena medida de las conclusiones a las que llegue el grupo de seis expertos designados por Trabajo para analizar las alternativas posibles alternativas. Tienen hasta el 25 de mayo para elaborar su informe, para luego buscar el consenso con sindicatos y patronal.

El principal problema que plantea el fondo es su financiación. El compromiso del Gobierno, tal y como se recoge en la reforma laboral, es que la creación del fondo no implique el aumento de las cotizaciones.

En principio, el fondo empezará de cero, captando aportaciones por los contratos nuevos que se firmen a partir de su creación. Si se extendiese a los actuales trabajadores respetando su antigüedad, su coste sería prácticamente inasumible. Un cálculo conservador elevaría la cantidad necesaria para garantizar ocho días por año trabajado a los 17,3 millones de afiliados a la Seguridad Social hasta los 51.900 millones de euros. Para llegar a dicha cifra se toma como referencia la retribución bruta media (22.497 euros anuales, según la Agencia Tributaria). Asimismo, se fija una antigüedad media de los trabajadores de seis años (más de la mitad de la población ocupada del país lleva seis años o más en su actual puesto de trabajo, según los datos de la EPA).

La cifra se queda corta, porque no tiene en cuenta el resto de empleos por los que pasa el trabajador. De hecho, la intención del fondo es precisamente potenciar la movilidad laboral: se garantiza la inmovilización de la indemnización de los trabajadores, ya que el acumulado no se pierde al cambiar de trabajo, y el montante sobrante pasa a manos de su dueño en el momento de la jubilación.

Tomando una afiliación media de 20 años durante toda la vida laboral (pese a que con la reforma de las pensiones hará falta haber cotizado un mínimo de 37 años para percibir el 100% de la jubilación), el precio del fondo escala hasta los 173.230 millones de euros. Si por el contrario asumimos que los ciudadanos cumplen con los requisitos legales para percibir la pensión completa, la caja del fondo debería superar en algún momento los 280.000 millones de euros.

A la espera de un dictamen

La magnitud de estas cifras permite hacerse una idea de cuánto dinero podría manejar el fondo cuando lleve varios años plenamente operativo. Asimismo, pone de relieve que, de alcanzar tal volumen de dinero, podría haber dificultades para hacer frente a las prestaciones de desempleo y de las pensiones, dado que resultaría complicado recaudar tanto dinero de manera adicional al que alimenta en la actualidad el sistema.

Mucho trabajo tienen por delante, pues, los expertos que asesoran al Gobierno. Entre ellos se cuentan Pilar González de Frutos, presidenta de la patronal de las aseguradoras, o José Ignacio Pérez Infante, que ha desempeñado varios cargos de responsabilidad en el Ministerio. En un mes conoceremos cómo resuelven el sudoku.

Las cifras

17,32 son los millones de afiliados a la Seguridad Social en España.

22.497 es la retribución media bruta de los trabajadores, según los datos de 2010 de la Agencia Tributaria.

6 años o más es la antigüedad de la mayoría de los empleados en su actual puesto de trabajo.

Sistemas diferentes para países distintos

No todos los modelos de despido encajan en todos los mercados laborales. El llamado modelo austriaco tiene varios problemas de adaptación a España. Cuando hablamos de despido, el tamaño importa.

Para empezar, el país alpino cuenta con una población activa de 3,3 millones de personas, contra los 23 que pueblan España. De ahí que el coste estimado del modelo austriaco se cuenten por decenas de miles de millones de euros. Las tasas de paro, como no podría ser de otra manera, tampoco tienen nada que ver. Mientras que en la península alcanza el 20,3%, en Austria se mantiene en torno al 4%.

El despido en el país centroeuropeo funciona de la siguiente manera. Hay un fondo de capitalización pagado por los empresarios que se nutre de unas cuotas mensuales equivalentes al 1,53% del salario del empleado (siete días de sueldo al año). En el momento del despido, se obtiene la cantidad acumulada en la caja. Eso sí: para poder recibir el sueldo de todo un año deben tener una antigüedad en la empresa de al menos 37 años.

En España, en cambio, es mucho más fácil recibir un año de salario. Si el despido es improcedente (45 días por año trabajado), bastará con haber estado en la empresa ocho años.