Guerra civil en el sector del automóvil
Poco más de un mes y medio ha tardado el sector del automóvil en convertirse de nuevo en territorio de trincheras. El prometedor pacto de caballeros acordado a principios de marzo con el beneplácito del Ministerio de Industria entre las principales organizaciones empresariales -en un intento de paliar el conflicto provocado por la enmienda a la Ley de Economía Sostenible, cuya aplicación se acordó suspender en espera de una nueva Ley de Distribución- ha terminado en un cruce de graves acusaciones entre los fabricantes y los distribuidores. Las negociaciones para articular un código de buen gobierno, con la función de regular la actividad mientras no se promulga la nueva norma legal, han encallado estrepitosamente. Y el escollo no ha sido otro que una radical diferencia de opiniones sobre la posibilidad de incluir una cláusula de arbitraje en el texto, propuesta que los concesionarios apoyan -a través de Faconauto- y que los fabricantes -agrupados en Anfac- se niegan a aceptar.
Para comprender cómo se ha llegado a esta situación habría que recordar el despropósito legislativo que ha servido de caldo de cultivo a este conflicto y que partió de la introducción de una enmienda para regular los contratos de distribución, con el apoyo de CiU y PP, en la Ley de Economía Sostenible. No solo la industria del automóvil, sino la propia Comisión Nacional de la Competencia, criticaron duramente la norma, que legalmente está ya en vigor, pero que de facto se ha acordado no aplicar. De ese intento de arreglar el entuerto, a través de un pacto de caballeros entre fabricantes y concesionarios, se ha seguido la necesidad de dejar la regulación de un ámbito de tanta importancia a un mero código de buenas prácticas, con las ventajas -pero también las limitaciones y los riesgos de inseguridad jurídica- que este instrumento conlleva.
Pese a que el origen de los problemas que aquejan al sector tienen que ver con esa deficiente técnica legislativa, el conflicto que viven fabricantes y concesionarios debe resolverse con urgencia. La ruptura de conversaciones entre ambas partes resultaría gravemente perjudicial para la industria, pero también para el total de la economía española, dado el peso y el papel estratégico que el sector tiene en ella. Conscientes de la importancia que tiene reanudar el diálogo, otras asociaciones presentes en la mesa de negociación hacen esfuerzos para mediar en el conflicto. Un conflicto que debe abordarse con grandes dosis de claridad, responsabilidad y sentido común. No en vano, si el código de buenas prácticas se queda solo en papel mojado, el sector se verá inmerso en una suerte de territorio sin ley. Un escenario en el que todos saldríamos perdiendo.