A fondo

Comisión de la Energía, año cero

La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha iniciado una nueva etapa de la mano de la Ley de Economía Sostenible, una norma que casi la equipara en poderes al resto de los organismos reguladores, como la CNMV, la CMT o el Banco de España, que tienen capacidad sancionadora y sus decisiones son vinculantes y no recurribles ante el Gobierno. Pero hay que decir casi, ya que el regulador energético sigue sin poder fijar las tarifas eléctricas y del gas, decisión que continúa en manos de Industria. Además, al organismo le queda aún mucho trecho para lograr algo esencial: el respeto de las empresas reguladas y, sobre todo, del ministerio.

Hay quien cree que esa falta de respeto se ha derivado de la propia ausencia de poder, que ha hecho que los ministros de turno despreciaran la mayor parte de las decisiones o dictámenes del organismo, algo que ahora se corregirá. También -opinan- esa nula potestad habría llevado a la CNE a excederse en sus informes, a la vista de que no eran vinculantes y de contar con un número excesivo de consejeros (la ley los reduce ahora de nueve a siete), que ha dificultado la toma de decisiones. Ha habido desplantes muy sonados hacia el regulador en esta última etapa, como los que se produjeron durante el proceso de opas sobre Endesa, contra los múltiples informes sobre tarifas o el del dictamen sobre el control de Sonatrach en el gasoducto de Medgaz, que fue desmontado por el ministerio en su totalidad.

La maltrecha imagen del organismo tuvo su origen en el golpe de mano del Gobierno del Partido Popular, que decidió dinamitar la primera comisión (CSEN) creando un organismo monocolor dirigido desde el Ministerio de Economía. El mayor error del consejo de administración de la CNE, que asestó un golpe a su reputación del que quizás no se haya recuperado, fue la decisión de vetar, sin justificación legal y por decisión política, la opa de Gas Natural sobre Iberdrola. Pero los desmanes políticos han continuado con el actual Gobierno. El más relevante, la decisión del ministro de Industria, Miguel Sebastián, de prorrogar sin explicación pública alguna el mandato de los cuatro representantes del PP (Carmen Fernández Rozado, José Sierra, Fernando Marti y Javier Peón, que dimitió el año pasado), a los que se les acabó hace más de tres años, generando la desidia de quienes se sabían caducados.

El consenso político no ha de traducirse en la colocación de afines

Resueltas en parte las deficiencias legales en el proceso de relevo del consejo, el Gobierno y los grupos parlamentarios tienen ahora la oportunidad de demostrar la consideración que el organismo merece y necesita para afrontar su futuro. Y más que el organismo, la economía y los consumidores, que se encuentran perdidos en un sistema endiablado de tarifas y un proceso de liberalización que se está traduciendo en un incremento imparable de la factura eléctrica.

El Consejo de Ministros podría proponer mañana a dos candidatos para sustituir a los tres del PP (con ellos el consejo se reduciría a siete antes del 6 de mayo, como fija la ley) y relevar a los cuatro restantes (Luis Albentosa, Jaime González, Jorge Fabra y Sebastiá Ruscalleda) y a la propia presidenta, Maite Costa, en el mes de junio, que es cuando se les acaba su propio mandato. Ante el temor de perder las elecciones generales de 2012, el Gobierno (léase Ministerio de Industria) parece haber caído en la tentación de colocar sus fichas o adeptos políticos para asegurarse el control de un organismo a partir de ahora más poderoso durante los seis años de un único mandato que establece la nueva ley. También la de ceder ante los grupos parlamentarios que pretenden hacer lo propio reproduciendo el arco parlamentario en el órgano regulador. Es altamente deseable que la tentación de repetir el esperpento de hacer una nueva comisión no figure en el más remoto pensamiento de los populares.

El consenso político para cubrir los consejos de los reguladores, algo recomendable pero no obligatorio por ley, no debe traducirse en la colocación de políticos afines a los que asegurar una retribución y manejar desde el exterior. La elección de profesionales es la gran oportunidad para un organismo que comienza ahora su decisivo año cero.