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Las aerolíneas denuncian esta falta de transparencia

Superofertas online con truco a la hora de pagar el billete

La historia se repite en todas las versiones posibles. La oferta en el precio del billete aéreo que se publicita de inicio no coincide y es sustancialmente inferior a la que el viajero debe pagar en el momento de tirar de la tarjeta de crédito.

La UE y el Gobierno español han legislado contra esta práctica en reiteradas disposiciones, pero siempre se encuentra un resquicio para reinventarla.

Las principales aerolíneas han presentado discretas quejas ante distintas instancias sobre prácticas que definen como "contrarias a la transparencia y a la competencia leal" de las principales agencias online. Hasta ahora no han querido hacer demasiado ruido, porque estas constituyen uno de sus principales canales de venta. Pero la paciencia tiene un límite.

El mecanismo del enredo es sencillo: mientras que en las páginas web de Air France, Lufthansa, Iberia, KLM o British Airways los precios del billete que se encuentran en las primeras pantallas, son exactamente los mismos que los que el viajero ha de satisfacer cuando concluye la operación al dar su tarjeta de crédito, en varias agencias online no ocurre lo mismo.

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Las aerolíneas denunciaron, primero en Alemania, después en Francia y en Italia, y ahora en España, que distribuidores en la red de sus billetes ofrecen en la primera pantalla un precio para las mismas rutas y fechas, que es inferior al que ellas mismas proponen en su venta por internet.

Esta ventajosa oferta inicial, sin embargo, se mantiene por poco tiempo. En la medida que el cliente se convence de lo ventajoso del precio y se dispone a concretar la operación, en la última pantalla aparece una cifra final que no solo es más abultada, sino que es superior a la que se puede encontrar en la web de la aerolínea que prestará el servicio.

Las compañías aéreas se quejan de que esta práctica, que se da en la mayoría de los viajes y perjudica a la totalidad de las compañías, supone una "traición" de quienes deberían ser los más estrechos colaboradores en la venta de sus productos.

Las agencias de internet que se encuentran en el punto de mira son eDreams, Atrápalo, Lastminute, Rumbo, Halcón, Barceló Viajes y Muchoviaje. Por el contrario, Viajes El Corte Inglés, es escrupulosa en el mantenimiento de sus ofertas. Esta batalla ya ha sido solventada en Italia. Las agencias Expedia, eDreams y Opodo han sido castigadas recientemente con multas de 415.000 euros, por "prácticas que muestran escasa transparencia en las informaciones que se ofrecen a los consumidores".

Fuentes oficiales de una de las agencias online que ha sido señalada, Lastminute, ha explicado que la política de la empresa consiste "en informar a los clientes del precio exacto que deberá pagar por el precio del billete".

Añaden que el cobro que se añade al final por los "cargos de servicio" detalla los emolumentos que recibe la agencia, dado que el sistema de remuneración implantado por las líneas aéreas no contempla ningún otro pago alternativo.

Ocultar los cargos por prestar el servicio

El truco de la diferencia que se observa entre las ofertas iniciales de las agencias online y los precios que el cliente ha de satisfacer al final se encuentra en "los cargos por el servicio" que estas empresas imputan por su trabajo. El problema es que no se avisa al viajero desde el primer momento que tal cargo se repercutirá al culminar la operación.José Luis Navasqüés, abogado en España de IATA, ha explicado que esta patronal internacional de las aerolíneas obliga a las agencias de viaje a suscribir un contrato estándar con las compañías como condición para que estas puedan participar en el sistema BSP en el que se consolidan y compensan los ingresos por la venta de los billetes de sus asociados. Este contrato impone unas cláusulas de transparencia en la presentación de las tarifas al público que, según Navasqüés, están incumpliendo las agencias online. Las prácticas citadas, afirma, contravienen también la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la UE y la Ley española de la Sociedad de la Información.

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