Hacienda rechaza sumarse a los incentivos de Trabajo para aflorar empleo
El Ministerio de Hacienda rechaza seguir los pasos de Trabajo, que ofrecerá incentivos o perdonará sanciones a empresas que regularicen a empleados no declarados. En la práctica, ello implica que si una compañía reconoce que tiene trabajadores sumergidos, obtendrá ciertas concesiones laborales, pero se enfrentará a multas tributarias y sufrirá, con toda probabilidad, una severa inspección fiscal.
Fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda no esconden su desconcierto ante el anuncio de Trabajo de ofrecer incentivos en materia laboral a los empresarios que regularicen a empleados sin contrato. Incluso, baraja, no imponer durante un periodo multas por defraudar a la Seguridad Social.
Sin embargo, el plan presenta muchas lagunas si no se acompaña de una amnistía fiscal, algo que el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha rechazado una y mil veces. Si una empresa tiene empleados sin contrato no solo está defraudando las cuotas de la Seguridad Social, sino que también deja de ingresar las retenciones del IRPF. Además, al pagar en negro está claro que parte de sus beneficios no los declara, lo que indica que también defrauda en otros tributos como el impuesto sobre sociedades o el IVA.
El portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda, Francisco de la Torre, rechaza toda amnistía fiscal y explica que normalmente lo último que deja de pagar una empresa que opta por sumergir parte de su actividad son las cotizaciones. Es decir, en la inmensa mayoría de casos, cuando una empresa defrauda a la Seguridad Social significa que también engaña a Hacienda. Es más, una compañía que emplee de forma irregular a parte de su plantilla supone para la Agencia Tributaria una empresa con un perfil de riesgo alto. Este tipo de compañías tienen todos los números para entrar en los planes de inspección y sentir en el cogote el desagradable aliento de la Agencia Tributaria.
El fraude a la Seguridad Social revela también evasión tributaria
Así, las dudas que se ciernen sobre el plan para hacer aflorar la economía sumergida que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, esbozó en la última cumbre europea son muchas. Falta por conocer hasta qué punto la Seguridad Social perdonará multas o simplemente permitirá que las empresas paguen su deuda en plazos cómodos. Trabajo tampoco ha aclarados cuánto durará el periodo de incentivos laborales. Y, sobre todo, el Gobierno debería ser capaz de responder a la pregunta del millón: ¿qué empresa se atreverá a regularizar su situación con la Seguridad Social si sospecha que luego recibirá una inspección fiscal?
Casi cuatro millones de trabajadores sin contrato
El Gobierno no realiza estudios -y si lo hace no los publica- sobre la economía sumergida en España. Sin embargo, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, sostiene que está entre el 15% y el 25%.Un estudio de Funcas publicado el mes pasado cifra la economía sumergida entre 2005 y 2008 entre el 20% y el 23% del PIB. Los datos difieren en función del método de cálculo que se utilice para medir la economía no declarada. En cualquier caso, el informe calcula que cada año el sector público deja de ingresar en torno a 30.000 millones, una cifra que duplica la recaudación por el impuesto sobre sociedades de 2010.Por otro lado, los expertos de Funcas estiman que, en 1980, el empleo sumergido alcanzaba los 1,4 millones de trabajadores y, en 2008, el número casi superaba los cuatro millones.
La cifra
150% de sanción máxima sobre la cantidad evadida es el porcentaje que contempla la Ley General Tributaria en los casos graves de fraude.