Nueva Rumasa pide concurso para cuatro bodegas y para la distribuidora Unión de Grandes Bodegas
Nueva Rumasa ha presentado en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz la solicitud de concurso voluntario de acreedores para sus bodegas Garvey, Valdivia, Zoilo Ruiz-Mateos y Teresa Rivero, así como para la distribuidora de bebidas Unión de Grandes Bodegas, informaron fuentes próximas a la compañía.
De este modo, se eleva a once el número de empresas propiedad de la familia Ruiz-Mateos que han solicitado entrar en proceso concursal. Hasta el momento, los jueces han declarado en suspensión de pagos a la firma de postres Dhul, en Granada, y al fabricante de zumos y conservas vegetales Carcesa, en Badajoz, de cuya gestión ha sido apartada la familia Ruiz-Mateos.
Además, están pendiente de admisión a trámite los concursos de Clesa, Cacaolat, Queserías Menorquinas (Tranchettes) e Hibramer, presentados en diferentes juzgados.
La división de bebidas del grupo familiar cuenta con otras firmas que de momento han quedado excluidas del procedimiento concursal, como Marqués de Campo Nuble (Rioja) y Marqués de Olivara (Toro), que están en fase preconcursal, o Vinícola Soto (Cádiz) y Cavas Hill (Cataluña).
Entre los acreedores de Nueva Rumasa en el negocio de las bebidas figuran los socios de la cooperativa Virgen de La Caridad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), que en 2009 vendieron a la familia Ruiz-Mateos Bodegas Caydsa (renombrada como Teresa Rivero) por 12 millones de euros. Hasta el momento, han recibido 600.000 euros de esta operación, que recogía fraccionar el pago "en diez años y sin intereses".
Según datos hechos público de Nueva Rumasa, su negocio bodeguero, con presencia en 72 países, obtiene el 67% de sus ventas de las exportaciones y tiene oficinas propias en Méjico, Japón, Filipinas, China, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Hong-Kong.
Las bodegas que han presentado el concurso de suman una plantilla superior a los 300 trabajadores, que están convocados a una asamblea este lunes para abordar la situación de la compañía. Los sindicatos defendían la necesidad de que las bodegas entraran en concurso de acreedores y de que "alguien ajeno a la empresa asuma la gestión", según dijeron fuentes de CC OO.