EDITORIAL

Un pacto necesario pero incompleto

Europa tiene desde el viernes un nuevo pacto. Un Pacto de Competitividad que viene a completar el de Estabilidad y Crecimiento suscrito en 1997 como paso previo al nacimiento del euro. Para el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, el acuerdo suscrito por los 17 países de la zona euro -al que se han sumado seis de los diez socios de la UE que mantienen su propia divisa- permitirá que la Unión Monetaria deje de cojear por el lado de la coordinación económica y empiece a avanzar con paso firme hacia la estabilidad. Algún analista más neutral que Barroso, sin embargo, podría concluir que los líderes europeos se han limitado a dotarse de un nuevo marco que incumplirán, como el anterior, tan pronto como haga falta.

El riesgo de que esa segunda lectura se imponga no es baladí, con la consiguiente desconfianza de los inversores hacia una Unión que a menudo defrauda sus expectativas. Pero no se trata de un sino inevitable. Y el espanto que ha provocado en muchas capitales la actual crisis de la deuda pública quizá haya creado el clima adecuado para que esta vez los compromisos de reforma y modernización económica se lleven a cabo sin más dilación. En ese sentido, cabe interpretar como una buena señal el hecho de que el mismo viernes varios países anunciaran de manera inmediata las medidas que esperan adoptar en los próximos 12 meses para mejorar su competitividad, generar empleo, sanear las cuentas públicas y recapitalizar sus sectores financieros, las cuatro áreas que cubre el llamado Pacto del Euro. Y solo cabe celebrar que el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se haya sumado a ese grupo de vanguardia con una batería de propuestas no por conocidas, menos trascendentales. El anuncio, en particular, de un gran pacto político con el Partido Popular y el resto de formaciones de la oposición para imponer a las comunidades autónomas un techo de gasto ligado al crecimiento podría marcar un hito en la estrategia de estabilidad presupuestaria.

Una negociación que no será fácil, a pesar de que Zapatero, con su inveterado optimismo, apostó en Bruselas por su consecución. Ayudará la decisión del Gobierno de imponer la misma regla a la Administración central. Y el hecho de que el presidente se haya comprometido a lograrlo ante el resto de socios comunitarios servirá de acicate para que La Moncloa no ceje en el empeño por muchos obstáculos que encuentre. La experiencia de Portugal, cuyo Gobierno ha caído por comprometerse a un plan de ajuste con las instituciones europeas sin contar con el respaldo parlamentario para aplicarlo, muestra que a partir de ahora las promesas de los Gobiernos en Bruselas no siempre serán un brindis al sol. El dimitido José Sócrates ni siquiera logró en la cumbre europea una rebaja en las exigencias de consolidación fiscal planteadas. Y Portugal recibió, en cambio, la tajante advertencia de que el brutal recorte necesario para situar el déficit (7,3% en 2010) en el 3% el año que viene no es negociable. La debacle política y económica de Portugal ilustra, sin embargo, las limitaciones y deficiencias tanto del nuevo pacto como del de Estabilidad. Lisboa ha sufrido durante años la presión para reducir su déficit público, sin ningún miramiento sobre el evidente deterioro del potencial de crecimiento de la economía portuguesa. El cumplimiento nominal de las normas ocultaba una pérdida de competitividad que la crisis financiera hizo aflorar en toda su crudeza.

La zona euro, inspirada por Berlín, plantea ahora unas recetas macroeconómicas que, aplicadas sin mecanismos de solidaridad, pueden acabar rematando al paciente. Por ese motivo, urge que la Unión Monetaria se dote de instrumentos de financiación robustos para garantizar que la disciplina fiscal llega acompañada de estímulos al crecimiento adecuados. La creación de un fondo de rescate permanente, pactada el viernes, es un paso en la buena dirección. Pero tan pronto como pase la crisis debería reconvertirse en una verdadera agencia de deuda europea, sin que su uso conlleve el estigma político asociado ahora a las operaciones de rescate. Sin esa ayuda exterior, el Pacto de Competitividad difícilmente se podrá aplicar. Y los Gobiernos que lo intenten podrían acabar como Portugal.