El coste de ‘regalar’ ingenieros españoles
El anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales (LSP) incorpora una reforma drástica de la ingeniería pretendiendo "admitir expresamente que todos los titulados en ingeniería tendrán reconocidas facultades para realizar cuantas funciones le atribuya la normativa vigente a cualquier rama de la ingeniería. Un modelo donde cualquier ingeniero estará habilitado para cualquier actividad profesional de las hasta ahora reservadas a los ingenieros en sus distintas ramas y especialidades". Como según nuestro Gobierno, un ingeniero de montes y otro industrial tienen un núcleo común de conocimientos, el industrial podrá dirigir la reforestación de un bosque, y el de montes la construcción de una central nuclear.
La LSP afirma que "las 17 ramas de la ingeniería con reserva de actividad son una anomalía en el contexto europeo dónde existe una menor segmentación entre distintas especialidades". Argumento que se descalifica con mínimos conocimientos de la ingeniería europea; solo en Alemania existen 42 especialidades.
Realizar experimentos con la ingeniería industrial -de las pocas titulaciones del sistema universitario que presentan demanda empresarial y bajo nivel de desempleo- evidencia la ausencia de criterios en las reformas. Incuestionable resulta que la aplicación de Bolonia ha derivado en la existencia en España de 595 títulos con denominaciones diferentes de Grado y Máster, tan solo en el área de Ingeniería y Arquitectura. Un disparate, resultado de la irresponsabilidad de universidades que ofertan títulos sin disponer ni de los medios humanos ni materiales necesarios; de comunidades en las que prima la cantidad de títulos frente a su calidad; de una Aneca que no cumple eficazmente su papel de supervisión; y de un Ministerio de Educación que justifica su inacción en la autonomía universitaria y en competencias en política universitaria transferidas a las comunidades.
España no puede promover una sobreoferta de ingenieros basada en la degradación de su formación, y el confusionismo generado por títulos -entre otros, algunos supuestamente de ingeniería ofertados por el Ministerio de Defensa- cuyos contenidos no resultan ni acordes a su propia denominación. Al final, se implanta en la sociedad ese sentimiento de para qué esforzarse y superarse, o perder el tiempo formando cierta élite intelectual si, finalmente, todo el mundo acabará siendo igual y valiendo para cualquier cosa.
La desaparición del visado ha derivado en un caos en las autorizaciones administrativas -dependiendo de la comunidad los requerimientos normativos son completamente diferentes-, la desprotección del ciudadano ante el relajamiento de la seguridad industrial y en las coberturas de responsabilidad civil, ahora bajo responsabilidad de Administraciones con dificultades económicas. Su eliminación ha generado un efecto contrario al deseado: una menor competitividad internacional de la ingeniería española.
La LSP pretende que solo sea obligatoria la colegiación en los ámbitos sanitario y jurídico. ¿Qué razones justifican que un abogado tenga reserva de actividad?: ¿protección al consumidor? ¿Qué representa mayor peligro; una planta petroquímica o una vía de AVE mal diseñada -que pueden causar miles de fallecidos en un solo accidente-, o un abogado que defiende mal a un cliente? Que nadie interprete una crítica a la reserva de actividad para estos profesionales. Solo pretendo evidenciar el disparate comparativo de descartarse para los ingenieros.
Acabaré recordando las demandas de ingenieros españoles por parte de Alemania, o los 14.000 que Dinamarca ha anunciado precisar hasta el año 2020, sin olvidar a empresas chinas e indias que, habiendo apostado por implantarse en el continente africano, precisan técnicos formados para dirigirlas.
Crear una situación que aboca a nuestros ingenieros a abandonar España, significa perder los activos que necesitamos para construir esa economía sostenible, que sustituirá al modelo económico basado en el ladrillo y turismo, principal causante de la actual explosión de desempleo. Regalar profesionales, formados con los impuestos pagados por todos los españoles, a países competidores, que no invirtieron en su formación pero con ella revertirán en un mayor incremento de su competitividad industrial -a costa de la española-, es el resultado al que está conduciendo la falta de diálogo de un Gobierno que está evidenciando despreciar y desconocer a la ingeniería española.
Luis-Manuel Tomás Balibrea es presidente de la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España. Francisco Javier Cobo Valeri es presidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales.