Más capital para poder conceder más crédito
El Banco de España acaba de revelar que la concesión de crédito por parte de la banca a las familias y las empresas registró una fuerte contracción en enero. En concreto, los empréstitos nuevos concedidos a los hogares cayeron un 63% sobre diciembre y un 43% respecto a los otorgados en enero de 2010, y los firmados con las empresas cayeron un 30% en el mes y un 16% en el año. Y tanto en el caso de los hogares como de las sociedades se produjo un encarecimiento del precio. De todo ello puede concluirse que la actividad económica sigue bajo mínimos, sea por escasez de demanda de crédito, sea porque los bancos y las cajas han endurecido su política de riesgo y han extremado la vigilancia de sus balances. El avance de la mora (supera el 6%, con más de 110.000 millones de euros), la imposibilidad de liquidar los activos inmobiliarios adjudicados y la necesidad de reforzar su capital tras las exigencias del Gobierno y de los propios mercados financieros han forzado a las entidades a restringir el flujo de recursos para consumo e inversión.
Un simple repaso a la oferta de crédito inmobiliario de bancos y cajas disuade de todas las dudas sobre la nueva política financiera de las entidades españolas. Salvo que la financiación concedida a los particulares sea para cubrir la adquisición de casas en la cartera de los bancos y las cajas, de manera directa o a través de gestión de activos de promotoras inmobiliarias, los tipos de interés aplicados son notablemente más elevados que el indicador euríbor a un año, con diferenciales en muchos casos superiores a los dos puntos, y acompañada de fuerte vinculación a la entidad. Tipos de interés solo unas décimas por encima del euríbor son considerados ahora excepcionales, quedan reservados para quienes adquieran un activo que ya esté en el balance de la entidad financiera y cuya venta suponga la liberación de una pequeña cantidad de capital.
Esta práctica no es ni más ni menos que la aplicación de lo que todos los responsables bancarios admitían que ocurriría desde hace ya un par de años, cuando alertaron de las dificultades de 2010 para el negocio bancario, y cuando un año más tarde reconocían que 2011 podría tener todavía un comportamiento más contractivo que 2010.
La longevidad de la crisis no ayuda precisamente a un negocio cuyo comportamiento estricto en la concesión de crédito prolonga a su vez la longevidad de la crisis. Un pequeño pero endiablado círculo vicioso que es necesario quebrar con la búsqueda acelerada de capital por parte de la banca y con las reformas económicas por parte del Gobierno de los mercados de bienes, servicios y factores para estimular la demanda privada y generar crecimiento económico. En el caso de España, caminan en paralelo la crisis de la deuda pública y la crisis de una parte significativa del sistema financiero, desplazando de una a la otra el centro del foco de los mercados financieros, y con el persistente temor, por lo ocurrido en otros países europeos, de que todo puede terminar siendo un problema de solvencia de las cuentas públicas si los mercados tienen dudas sobre la capacidad de repago de las Administraciones públicas. Y tanto una crisis como la otra tienen bastante obturados los mercados interbancarios, con lo que la financiación de la liquidez a los bancos y las cajas es un ejercicio cada vez más complicado y caro, que a su vez tiene un reflejo directo en la financiación de la economía, con escasez y carestía en la concesión de crédito.
Tanto las cajas de ahorros como los bancos señalados por el Banco de España deben culminar cuanto antes sus procesos de recapitalización, para convencer a los mercados de que disponen de músculo suficiente para hacer frente a unas pérdidas de muy difícil cuantificación en el futuro y, en escenarios estresados, con poco crecimiento durante unos cuantos años y con el mercado inmobiliario paralizado. Sea en los mercados abiertos, en los semicautivos de la red comercial o en la ventanilla del FROB, la banca necesitada de capital debe procurárselo cuanto antes, mientras el Gobierno cumple su parte: reformar todos los mercados con la profundidad suficiente como para generar confianza en la economía española y estirar el crecimiento potencial al máximo para comenzar a reducir la tasa de paro de forma apreciable.