Portugal, en el ojo del huracán

Los ojos de la eurozona siguen pendientes de la evolución de Portugal ante el temor de que el país vecino se vea forzado a pedir ayuda al fondo de rescate europeo (EFSF). La agencia de calificación Moody's ha rebajado en dos escalones de la nota de solvencia del país, de A1 a A3. Afortunadamente el Tesoro portugués acaba de acudir al mercado y consiguió colocar 1.000 millones de títulos de deuda soberana a un año a un tipo de interés medio del 4,331%.

Sin embargo, lo peor no ha pasado todavía y sigue habiendo mucha incertidumbre, reflejada por el repunte de las obligaciones del Tesoro a 10 años, que se sitúan en el 7,451%, y la de los títulos a cinco años que están al 7,765%. Estos son tipos prohibitivos.

El Gobierno acaba de anunciar un nuevo paquete de medidas de ajuste dentro del Programa de Estabilidad y Crecimiento (PEC) que dura hasta 2013, con los objetivos de calmar a los mercados y de rebajar el déficit público del 7,3% al 4,6% del PIB a finales de año. Se ha fijado el ambicioso objetivo de lograr una reducción del gasto público del 2,4% del PIB en los dos próximos años, y de conseguir un aumento del ingreso del 1,3% del PIB.

El paquete incluye entre otras medidas la congelación de las pensiones hasta 1.500 euros mensuales, y un recorte de entre el 3,5% y el 10% de las que superen ese valor; la reducción de los servicios y fondos autónomos en un 10%; la obtención de ingresos adicionales a través de concesiones; la reducción de gastos en medicamentos; la racionalización de la red escolar; o el mayor control de costes operacionales de la Administración. Al mismo tiempo, el Gobierno ha propuesto la revisión y limitación de los beneficios y deducciones fiscales, la racionalización de la estructura del IVA, y la actualización de impuestos específicos al consumo.

La repuesta a esta propuesta por parte de Pedro Passos Coelho, el líder del PSD, ha sido contundente: ha criticado duramente el plan de austeridad y ha anunciado su voto en contra en el Parlamento en la votación del próximo 24 de marzo.

El Gobierno ha respondido que el rechazo al paquete de medidas abrirá una crisis política que probablemente desemboque en elecciones anticipadas.

Todo ello en un contexto de creciente confrontación social dentro del país, agitado por el surgir de grupos de protesta liderados por la geração a rasca (la generación desesperada), que emulando las revueltas del norte de África y utilizando las redes sociales están movilizándose por todo el país en protesta por la situación. No es por tanto sorprendente que este ambiente de inestabilidad este generando aun mayor incertidumbre en los mercados.

Las dificultades que tiene Portugal poseen raíces más profundas que los problemas financieros. Desde que entró en la UME hace 12 años, el país ha sufrido por las bajas tasas de crecimiento y por la falta de competitividad, reflejada en grandes déficits en la balanza de pagos.

Esto ha sido el resultado de la incapacidad de resolver problemas estructurales crónicos (muchos originados por la constitución revolucionaria que surgió tras la caída de la dictadura) como la protección excesiva en el mercado de trabajo, la sobredimensión del sector público, la ineficiencia del sistema judicial, el pobre rendimiento del sistema educativo, o la falta de disciplina fiscal. El Gobierno está tratando de atacar todos estos problemas, pero el contexto de crisis lo hace mucho más complicado.

Una de las lecciones de Irlanda y Grecia es que es mucho mejor para un país actuar proactivamente en solicitar la ayuda del EFSF que esperar hasta un punto en que la opinión pública lo percibe como una humillación.

Las tasas actuales a largo plazo están a niveles incluso más altos que cuando Grecia e Irlanda solicitaron el rescate. Si el país no puede conseguir financiación a unas tasas razonables, sería mejor que acudiese al EFSF cuanto antes, que hacerlo en un contexto de mayor confrontación. Muchos observadores portugueses, que reconocen que el país está andando por la cuerda floja todos los días, lo consideran inevitable y ya lo están solicitando. Es de esperar que el Gobierno deje de lado posiciones voluntaristas y actúe en consecuencia.

Sebastián Royo. Catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Suffolk (Boston)