La reforma penal impulsa nuevas figuras en la empresa
Cobra peso el encargado de prevenir actuaciones de fraude, estafa o corrupción.
La reforma del Código Penal aprobada en 2010 que introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha llevado a los grandes despachos de abogados a reforzar sus departamentos encargados de asesorar a las compañías en esta materia, por un lado, y a las propias sociedades a determinar quién y a qué nivel de la organización ha de situarse la persona encargada de liderar la elaboración de protocolos de prevención de ilegalidades, como la corrupción o la estafa. La demanda de asesoramiento en materia de compliance está creciendo entre las grandes empresas, por lo que se abre un área de negocio "nueva" para los despachos.
La reforma no es baladí pues "modifica aspectos del devenir de las empresas", explica Gabriel Castro, socio de Garrigues, y puede provocar la obligación de disolución de la sociedad. "El nuevo Código Penal nos ha cambiado la marcha", comenta Javier López Galiacho, director de responsabilidad corporativa de FCC. Si bien la figura del compliance officer ya venía funcionando en algunas empresas para prevenirlas de prácticas anticompetitivas, este rol se está generalizando tras la entrada en vigor del nuevo Código Penal. Ahora la persona jurídica es susceptible de incurrir en responsabilidad si hay delito. Los más relevantes en el ámbito de la empresa son los de corrupción, estafa y medio ambiente.
En un foro celebrado ayer en Madrid y organizado por Garrigues y el Club de Excelencia en Sostenibilidad, Galiacho afirmó que la figura del chief etic compliance officer (CECO) ha de estar "al máximo nivel" dentro de la empresa y depender directamente del consejo de administración. "Será el Pepito Grillo de la organización y tendrá que denunciar las malas prácticas", comentó el directivo, que puso como ejemplo a Siemens, donde el CECO tiene un equipo de 250 personas. Galiacho defiende la aprobación de un código ético fuerte con principios de conducta que prevengan el delito y que sirva para exonerar o atenuar las eventuales responsabilidades penales.
Las empresas establecen medidas preventivas de actuaciones delictivas e identificando un mapa de riesgos atendiendo a la propia actividad de la compañía. Ángel Galán, director general de la asesoría jurídica de Cemex, asegura que ha asumido la función de compliance. La cementera ha creado un comité de compliance como órgano consultivo y de control de las actuaciones de la compañía. Y se ha elaborado un mapa de riesgos para identificar focos de posibles delitos, como las compras a proveedores.
Un perfil de alto rango
"Lo interesante es que haya una persona en la empresa que haga esta función (compliance) y cuanto más perfil se le dé, mejor", comentó ayer Santiago Garrido, socio de Garrigues. "Si la compañía le da un perfil bajo, a lo mejor no funciona. Defendemos que la figura tenga el máximo nivel".Garrido se centró ayer las actuaciones contra el medio ambiente de las empresas y alertó de que para el delito ecológico se establecen penas de dos a cinco años de prisión, lo que supondría para el condenado el ingreso en la cárcel.Gabriel Castro, socio del mismo despacho, comentó ayer irónicamente que pese a que la pena de muerte está desterrada del ordenamiento jurídico español, la reforma del código incluye penas que suponen el cese de actividad de la compañía, tanto de forma indefinida como por la suspensión de la actividad de forma temporal. Nadie piensa que una empresa que interrumpe la actividad tres años la pueda retomar.