La Ley de Economía Sostenible le afecta

La nueva normativa obliga a IPIC a pasar por la CNE para controlar Cepsa

La nueva Ley de Economía Sostenible (LES) clarifica la potestad de la Comisión de la Energía para autorizar la compra de empresas energéticas por parte de sociedades no comunitarias. Este es el caso de la opa de IPIC sobre Cepsa que, aunque no es una empresa regulada, necesitará consultar al regulador (que la investigará o no) para que la CNMV le autorice el folleto.

La ley que entró en vigor el domingo, supone algunos cambios relevantes para la CNE. Uno de ellos se refiere a la maltrecha función 14 de la Ley de Hidrocarburos, que es la que le da la potestad para autorizar determinadas operaciones de compra por parte de sociedades reguladas o estratégicas, o la adquisición de estas por parte de otras compañías y, especialmente, por empresas no comunitarias.

La norma va a afectar a la recién anunciada opa que el fondo soberano de Abu Dabi, International Petroleum Investment Company (IPIC), va a lanzar por el 100% de Cepsa, tras el acuerdo alcanzado con su socio Total (esta tiene un 48,8% de la petrolera e IPIC, un 47%). La operación fue anunciada el 17 de febrero, antes de que se promulgara la LES, lo que se interpretó como un intento de IPIC de esquivar la ventanilla de la CNE. De hecho, en el comunicado remitido ese día a la CNMV, el comprador advertía que solo necesitaría las autorización de la Comisión Europea, por tratarse de una operación de dimensión comunitaria, y la de algunos reguladores de EE UU.

Sin embargo, aunque la operación se hizo pública el mes pasado, se materializará en unos meses, ya con la nueva norma en vigor, por lo que deberá, al menos, ser sometida a la consulta del regulador, que decidirá si la investiga y la dictamina o no. Además, IPIC y Total han cambiado la estructura de la operación, tal como le fue comunicada a la CNMV, y se hará en una sola fase. Así, en lugar de comprar primero la participación del grupo francés, tal y como se anunció, para después lanzar una opa por el 4% en poder de los minoritarios, se va a lanzar una sola opa para todos, a la que Total se ha comprometido a acudir. IPIC se habría librado de pasar por la ventanilla de la CNE, si hubiese comprado a Total antes de la entrada en vigor de la LES, algo imposible, ya que las autorizaciones llevan su tiempo.

IPIC lanzará una opa para todos, no solo para los minoritarios, como dijo a la CNMV

La disposición adicional de la nueva norma que modifica a su vez, la Ley de Hidrocarburos, establece, entre otros, que cuando una sociedad no comunitaria pretenda adquirir más de un 20% del capital o de una participación inferior que otorgue "influencia significativa" en determinadas empresas que por sí o a través de otras sociedades de su grupo, debe pedir autorización a la CNE. Estas sociedades son las que desarrollan actividades reguladas (distribución y transporte de gas o electricidad); de almacenamiento de gas; de transporte por medio de gasoductos internacionales que transiten por España; los titulares de centrales nucleares, de carbón nacional, de plantas de regasificación, así como los operadores de los sistemas eléctricos y gasístico. Esto vale igualmente si la operación la hace una sociedad comunitaria en la que otra empresa de fuera de la UE tenga más del 25%, caso de IPIC.

Cepsa no es una compañía regulada y, a aunque tiene un 20% del gasoducto de Medgaz, no tiene el control ni forma parte de su grupo de empresas. No obstante, la consulta se hace necesaria, ya que el regulador debe investigar la operación, por ser la primera que se produce tras la aprobación de la nueva ley y porque, probablemente, la CNMV le exigirá este requisito para aprobarle el folleto de la opa, según fuentes sectoriales.

El regulador amplía sus poderes

La llamada función 14 que tantos quebraderos de cabeza dio a la CNE en el proceso de opas sobre Endesa fue modificada en abril de 2006 por el Gobierno para frenar la entrada de Eon en la eléctrica española que, después, acabaría en manos de Enel. La Comisión Europea (CE) abrió un procedimiento de infracción contra España y, tras la sentencia de julio de 2008, uno de los párrafos de la función, devino "inaplicable". A partir de entonces, las autorizaciones de la CNE se han limitado a operaciones de compra de pequeñas distribuidoras. Además, el propio regulador ha hecho una interpretación estricta de su función, para que ésta no afecte a las matrices de empresas reguladas, sino únicamente a las filiales que realizan la operación.

Con la modificación que entró en vigor el domingo, la situación parece más clara, pero no se descartan nuevos problemas de interpretación y resistencia por parte de las empresas a su escrutinio. A las actividades reguladas se suman, como objeto de dictamen, las operaciones de (o sobre) empresas con centrales nucleares, con centrales de carbón nacional o que controlen gasoductos internacionales.

El fin de los recursos

Con todo, el cambio más relevante para la Comisión que incluye la nueva ley es que a partir de ahora "sus actos y resoluciones (...) pondrán fin a la vía administrativa", esto es, no podrán ser recurridos, como hasta ahora, ante el Ministerio de Industria, sino solo ante la jurisdicción contencioso-adminstrativa. Así, se equipara con el resto de organismos reguladores, como la CNMV o la CMT. Además, el regulador energético tendrá potestad para imponer sanciones.

Las cifras

28 euros por acción es lo que ofrece IPIC por el 100% de Cepsa, lo que supone valorarla en 7.500 millones.

47% es el porcentaje que el fondo de Abu Dabi tiene en la petrolera española. Con la opa anunciada, compraría el paquete de Total, 48,8%, y el de los minoritarios (4,1%) que acudan.