EDITORIAL

Más rigor en el acceso a la abogacía

Tras el tirón de orejas propinado hace un mes por el Consejo de Estado, el Gobierno ha elaborado un nuevo borrador del proyecto de real decreto que regulará las condiciones de acceso a las profesiones de abogado y procurador. El nuevo texto toma nota de algunas de las observaciones del órgano consultivo y corrige parte de los aspectos críticos que este puso de manifiesto en su informe. Es el caso de la atribución de competencias al Ministerio de Educación para acreditar -junto a Justicia- la idoneidad de los cursos de formación que deberán seguir los abogados y procuradores en su periplo hacia el ejercicio de la profesión.

Sin embargo, no todas las críticas del Consejo de Estado han tenido eco en el borrador. Uno de los aspectos que levantó más ampollas de la versión anterior -la posibilidad de llegar a ser abogado o procurador no solo a través del grado o licenciatura en Derecho, sino también de otros grados con "competencias jurídicas"- sigue vigente en la nueva versión, si bien es cierto que atemperado por mayores garantías de control. Así, esas competencias jurídicas, que el texto define, deberán ser acreditadas por los organismos oficiales encargados de evaluar la calidad de los títulos universitarios.

A primera vista, en el panorama actual de la enseñanza universitaria española solo los títulos de Derecho incluyen las competencias que el borrador considera necesarias para convertirse en letrado y procurador. Pero lo que es cierto en este momento puede no serlo en un futuro y el propósito de las leyes no es únicamente regular una realidad coyuntural, sino contar con cierta vocación de permanencia. No es ningún secreto que en los últimos años el mapa de las titulaciones académicas en España no solo se ha revelado extraordinariamente prolífico, sino también volátil. Por ello, no es improbable que en un futuro próximo comiencen a proliferar en las universidades españolas grados universitarios que incluyan "competencias jurídicas" al margen del grado o la licenciatura de Derecho. Hay que felicitarse de que ese contenido deba ser acreditado oficialmente, pero cabe preguntarse también si esa potencial multiplicidad de nuevos títulos aportará mayor rigor a la calidad formativa de los profesionales españoles o servirá para debilitarla.

Abogados y procuradores llevan mucho tiempo esperando la promulgación de una norma que permita homogeneizar su sistema de acceso a la profesión con el que existe en otros países europeos. El futuro real decreto sobre la ley de acceso es, en ese sentido, mucho más que una normativa sectorial: es un pasaporte para una mayor y mejor internacionalización de los profesionales españoles. Con ese objetivo en mente, no parece que esta propuesta, sin cautelas rigurosas, sea la mejor receta para el futuro.