Competencia carga contra la enmienda sobre las relaciones entre marcas y concesionarios
La Comisión Nacional de Competencia cargó hoy contra la nueva norma reguladora de las relaciones entre fabricantes y concesionarios. Considera que restringe la libertad de empresa y la competencia.
La CNC entra en el debate sobre la distribución de automóviles. El organismo que preside Luis Berenguer un duro informe en el que arremete contra la nueva norma reguladora de las relaciones entre fabricantes y concesionarios, contenida en una enmieda a la Ley de Economía Sostenible, por considerar que restringe la libertad de empresa y la competencia, en perjuicio de los consumidores.
A mediados de febrero, PP y CiU aprobaron una enmienda que modificaba las relaciones entre las marcas automovilísticas y sus concesionarios. La normativa obligaba a las primeras a recomprar los coches que no se vendiesen en el plazo de 60 días, entre otras cuestiones. Su aprobación creó un verdadero seísmo que no solo erosionó las relaciones entre ambos sectores. También dañó la imagen de la industria. La polémica fue tal, que la pasada semana la patronal de los fabricantes, Anfac, y la de los concesionarios, Faconauto, pactaron en la sede del Ministerio de Industria que la enmienda no entrase en vigor.
A pesar de ello, la CNC sostiene en su informe que la normativa restringe la capacidad de "auto-organización" de las partes, en particular, "la capacidad de los fabricantes para organizar su red, limitando su posibilidad de adaptación a la evolución del mercado y de incorporar medidas de eficiencia". Y no solo eso, también estima que la nueva normativa limita la competencia entre fabricantes y entre distribuidores de una misma o de distinta red, ya que se homogeneizan las condiciones contractuales y se facilitarían eventuales pactos de precios. Port último, considera que "blinda" los contratos existentes y hace "casi infranqueable" el acceso de nuevos agentes a la actividad de distribución.
El consumidor no tendría por qué verse beneficiado. Según la CNC, la modificación normativa "no garantiza mejores precios para el consumidor, ya que supone un trasvase de riesgos financieros hacia los fabricantes", y destaca que la nueva regulación no es adecuada para solucionar los posibles problemas contractuales entre concesionarios y fabricantes.