Las cajas calculan que cuatro millones de personas trabajan en empleos no declarados
El trabajo sumergido en España ha crecido desde 1980, cuando se estimaba que llegaba a 1,4 millones de personas, a más de cuatro millones en 2008, según un estudio de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) difundido hoy.
Además, según este informe, el impacto estimado de la economía sumergida sobre la recaudación fiscal se sitúa entre 30.845 y 32.735 millones de euros al año, en el periodo 1980-2008, lo que supone entre el 5,4% y el 5,6% del PIB oficial.
Las estimaciones sobre la economía sumergida en el período analizado sitúan su volumen en torno al 17% del PIB.
Los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos María Arrazola, José de Hevia, Ignacio Mauleón y Raúl Sánchez han elaborado el informe utilizando métodos diversos, como el consumo de energía, diversas medidas fiscales y otras variables.
El estudio señala, respecto a los cuatro millones de empleos no declarados, que las cifras no implican necesariamente que exista una cifra equivalente de personas que realizan su actividad laboral al margen de la economía oficial, ya que puede ocurrir que algunas de ellas trabajen en ambos ámbitos.
Según el informe el crecimiento del volumen de la economía sumergida coincide con un período de fuerte aumento de la actividad económica oficial.
Así, en el período analizado, la economía oficial medida por el PIB se ha más que duplicado, pero también lo ha hecho la economía sumergida, aunque en este caso se ha cuadruplicado, lo que pone de manifiesto que la economía sumergida y la bonanza económica son "perfectamente compatibles".
Para los expertos que han hecho el informe, los resultados no son sorprendentes porque en España existe una "cierta tolerancia" hacia las actividades sumergidas.
No obstante, consideran que no se debe "caer en la tentación" de considerar la economía sumergida como parte consustancial de la vida económica.
En este sentido, añade que aunque se considere "como una válvula de escape" en situaciones de recesión económica, genera distorsiones (de equidad, eficiencia o competencia) que suponen a largo plazo un lastre para la economía.