Remunicipalización de los servicios públicos
En un debate llevado a cabo hace unos días en el seno del Instituto de Análisis Local del Ayuntamiento de Madrid, tuve el honor de ser invitado, junto a una eminencia como Germà Bel, a debatir la colaboración público-privada en el seno de la Administración local. En este sentido hay que aplaudir la labor del concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, que trata de buscar siempre la excelencia en el debate económico riguroso, alejándose de la bronca partidista zafia y mediocre que tanto gusta a algunos miembros de ambas formaciones políticas.
El debate, además, no pudo ser más oportuno porque muchas Administraciones locales, entre ellas Madrid, tienen por delante una decisión nada trivial, es decir, la toma en consideración de remunicipalizar algunos de los servicios básicos, recogida de basuras entre ellos, o renovar unos contratos con empresas, cuyo resultado económico ha sido muy negativo para las arcas municipales. Esta idea, que planeó sobre el debate, ya está empezando a surgir en algunos países, como puso de manifiesto el catedrático Bel, especialmente en EE UU.
En dicho encuentro, Germà Bel expuso, con brillantez y dotes de síntesis muy inteligente, un resumen de la literatura anglosajona sobre procesos de privatización de servicios, fundamentalmente agua y recogida y gestión de residuos, en EE UU y algunos países europeos, trufando la exposición con sus recientes papeles sobre los procesos llevados a cabo en Cataluña.
En mi caso, tuve la ocasión de presentar los resultados de mis investigaciones sobre los procesos de privatización de algunos servicios, como ayuda a domicilio, centros culturales, deportivos o el propio grado de concentración en la contratación del Ayuntamiento de Madrid.
Estas investigaciones muestran algunos puntos en común que merecen ser destacados. En primer lugar, y esto es un aspecto muy grave, las instituciones locales, las más grandes, suspenden en materia de transparencia y provisión de datos fiables, de calidad y recientes, para poder llevar a cabo estas investigaciones.
Esto contrasta con otros países, como Holanda o EE UU, donde los municipios, pero también las empresas adjudicatarias de los servicios públicos, están obligados a publicar todos sus datos, salvo los protegidos, y eso engrandece la calidad democrática, pero también permite estudiar, pensar e investigar sobre todas las decisiones políticas y económicas que afectan a los municipios, algo impensable para algunos grupos políticos municipales.
El segundo punto relevante, el referido a si la privatización tiene un sesgo ideológico, el resultado de las investigaciones internacionales, las llevadas a cabo por Germà Bel o yo mismo, muestran que no hay evidencia de sesgo ideológico, pues los dos grandes partidos, tanto aquí como en el resto de economías analizadas, han llevado a cabo procesos de privatización de servicios públicos locales. Curiosamente este proceso, algo que parecería contraintuitivo, se ha generalizado en las economías nórdicas, pero con un matiz importante. En estas economías, el proceso de privatización tiene un objetivo real, aumentar la competencia de los servicios, preservar la calidad de los mismos y redistribuir la renta mediante la imposición.
Sin embargo, en otras economías, especialmente en la española, y en particular en los procesos llevados a cabo en Madrid, he demostrado que el grado de concentración ha aumentado y no existe mayor competencia. Además, la calidad ha disminuido en muchos de ellos y se han constituido monopolios privados donde antes había monopolios públicos. La única ventaja ha sido la rebaja en los costes salariales y los derechos adquiridos de los trabajadores, lo cual contradice toda lógica económica en estos procesos.
El tercer elemento relevante fue la puesta de manifiesto que la privatización no solo no ha conllevado mayores ingresos, como supusieron la venta de empresas públicas monopolísticas, sino que en muchos casos se incurre en mayores costes para el erario público. En concreto, en Madrid, la ayuda a domicilio supone un 15% más que lo que supondría tener el servicio municipalizado, o los centros culturales un 6% más. En estos momentos, trabajo sobre el servicio de recogida de basuras.
Esto, en parte, se explicaría porque muchas de estas empresas, de tamaño muy grande y multiservicios, habrían financiado a las Administraciones públicas durante la presente crisis a cambio de inflar el precio de adjudicación, incluso después de unas quitas de más del 50% sobre el supuesto coste de prestación del servicio por parte de la Administración pública.
Estas conclusiones están empezando a remover todos los clichés que todavía existen entre algunos dirigentes políticos, de los dos espectros ideológicos, y ha comenzado un debate sobre remunicipalización de servicios, especialmente en aquellas áreas más sensibles.
Madrid puede dar el pistoletazo de salida dentro de no mucho, cuando tenga que plantearse la renovación o no del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria. Atentos.
Alejandro Inurrieta. Economista y colaborador de la Fundación Ideas