EDITORIAL

Hacia el fin de la colegiación obligatoria

A finales del pasado año, el Gobierno anunció la promulgación de una ley para reformar el sector de los servicios profesionales. El objetivo del texto, mejorar la competitividad de un colectivo -el de los profesionales- que concentra el 30% del empleo universitario y cuyo peso en el PIB alcanza casi el 9%. Como una de las piezas clave de esa reforma, el Ejecutivo anunció su intención de eliminar el deber de colegiación que pesa sobre un buen número de profesiones en España y modernizar el sector en línea con la mayoría de los países europeos. Se abría así la incógnita, que ha mantenido en vilo a buena parte del colectivo en los últimos meses, de cuáles serían finalmente los profesionales que mantendrían colegiación obligatoria y cuáles de ellos prescindirían de ella.

El documento de trabajo en el que se han plasmado las principales líneas de la futura ley despeja a grandes rasgos esa duda. El texto reserva la colegiación obligatoria para dos colectivos -jurídico y sanitario- con la excepción de aquellos profesionales que trabajen en el sector público, cuya supervisión ejercerá este. De salir adelante el texto, la medida afectará muy especialmente al importante número de médicos que trabaja para la sanidad pública y que se verá libre del pago de cuotas colegiales. De esta forma, se generalizaría el camino emprendido ya por varias comunidades autónomas que han excluido a los médicos de los sistemas públicos de salud del deber de colegiación.

La reforma que propone el Gobierno consagra, en definitiva, un modelo en el que la colegiación voluntaria será la norma y la obligatoria, la excepción. El Ejecutivo no hace más que seguir así reiteradas recomendaciones que organismos como la OCDE, el FMI y la propia Unión Europea han realizado sobre la necesidad de liberalizar los servicios profesionales en España. Ello ha provocado una previsible oposición por parte de las entidades colegiales, cuya posición histórica y financiera ven peligrar ante la probable disminución del número de colegiados. Pero también supone un balón de oxígeno para los pequeños profesionales, obligados históricamente al pago de cuotas colegiales que muy a menudo no se corresponden con ventajas reales.

No es la primera vez que un colegio profesional da el paso hacia la voluntariedad. Así ocurrió hace unos años con entidades como la que agrupa a los agentes de la propiedad inmobiliaria, obligados a reconvertirse y adaptarse a un nuevo escenario. Por eso, en pleno siglo XXI, los colegios profesionales deberán ver en la futura ley no tanto un peligro como una oportunidad. La de convertirse en organismos modernos y eficaces, capaces de proporcionar a sus miembros servicios que hagan ventajosa y atractiva la pertenencia voluntaria. Esa es la tarea que tienen por delante. De ellos depende el realizarla con éxito.